El servicio activó un peritaje técnico en terreno para auditar galerías y sistemas de monitoreo geomecánico, y ya presentó denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría por presunta adulteración de instrumentos públicos
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ejecutó este jueves un operativo masivo de fiscalización en la División El Teniente de Codelco, luego de detectar inconsistencias graves en la información técnica de seguridad reportada por la compañía.
La magnitud del despliegue, encabezado por el director nacional (s), Mauricio Lorca, respondió a lo que la autoridad calificó como un hecho deliberado y de alta gravedad, asociado al ocultamiento y presunta adulteración de datos.
El dispositivo estuvo compuesto por seis vehículos y 15 expertos multidisciplinarios provenientes de distintas regiones del país, con el objetivo de auditar en terreno la seguridad de la faena y verificar directamente el estado de las galerías y los sistemas de monitoreo geomecánico, contrastando la situación real con los antecedentes entregados por la empresa en los formularios E-300.
Auditoría en terreno y verificación de sistemas críticos
Tras una planificación estratégica en la Dirección Regional de O’Higgins, la autoridad notificó a la alta gerencia de la División el inicio de la toma de datos en el sector Colón Alto. El foco del operativo es comprobar la coherencia entre los permisos otorgados y las condiciones reales de operación, así como revisar los sistemas de control y monitoreo geomecánico en zonas clave de la mina.
Mauricio Lorca subrayó el alcance del procedimiento. “Estamos en Colón marcando el punto inicial de un proceso de fiscalización continua y exhaustiva, ejecutando un peritaje técnico independiente e inobjetable. Nos hemos desplegado con 15 fiscalizadores para determinar de manera fehaciente cualquier desviación respecto a los permisos otorgados por nuestro servicio”, señaló.
La autoridad agregó que el propósito central es obtener certeza técnica sobre lo que ocurre en la faena, con un énfasis prioritario en la protección de la vida de las personas y en la reconstrucción de la trazabilidad de la seguridad, la que —según Sernageomin— se habría visto comprometida por la entrega de información alterada.
Denuncias ante el Ministerio Público y Contraloría
En paralelo al despliegue en terreno, Sernageomin informó que ya presentó denuncias formales ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades penales y administrativas derivadas del quiebre de los protocolos de reporte de seguridad minera.
Estas acciones buscan esclarecer el uso de instrumentos oficiales de reporte y la eventual adulteración de antecedentes técnicos, en un contexto que se remonta al estallido de roca ocurrido en 2023, hecho que gatilló una revisión más profunda de los sistemas de control y de la información entregada a la autoridad fiscalizadora.
Lorca fue enfático en remarcar que la seguridad minera no admite interpretaciones. “Nuestra presencia hoy busca validar cada dato que fue sustraído del control de la autoridad, pues la seguridad y la fe pública no pueden ni deben depender de información alterada”, sostuvo.
Próximos pasos y revisión técnica
Los antecedentes que se recopilen durante esta inspección serán insumos clave para la Mesa de Trabajo Técnica que sesionará el lunes 23 de febrero. Esa instancia se mantendrá activa hasta el total esclarecimiento de los hechos y la verificación de que se restablezcan plenamente los estándares y controles que exige la normativa minera.
Desde Sernageomin indicaron que el objetivo del proceso es restaurar el imperio de la ley minera y asegurar que la operación cumpla estrictamente con los permisos y condiciones de seguridad vigentes, reforzando el rol fiscalizador del Estado en una de las principales faenas subterráneas del país.