El presidente de la Cámara Minera de Chile aborda los avances ambientales del sector, advierte sobre pérdida de competitividad y sostiene que acelerar proyectos solo será sostenible si el valor generado también se traduce en beneficios concretos para los territorios
La minería chilena ha cambiado la manera en que entiende su propio desarrollo. Producir sigue siendo esencial, pero hoy una operación también se mide por cómo utiliza el agua, cuánto reduce sus emisiones, cómo gestiona sus residuos y, especialmente, por la relación que logra construir con las comunidades que conviven con ella. El desafío ya no parece estar únicamente en producir más, sino en hacerlo con legitimidad y capacidad de permanecer en el territorio.
Para Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, ese cambio convive con una preocupación que considera igualmente determinante: recuperar competitividad y velocidad para desarrollar nuevas inversiones.
En su diagnóstico, Chile dispone de minerales estratégicos y ventajas naturales relevantes, pero enfrenta procesos de aprobación que pueden extenderse entre 10 y 14 años, además de incertidumbres que, sostiene, terminan afectando su posición frente a otros países mineros.
En el marco del Mes de la Minería, TerritorioMinero analizó a Viera los avances alcanzados por la industria, pero también las brechas que todavía permanecen abiertas. Agua, descarbonización, economía circular, relaves, participación temprana, Royalty Minero y desarrollo regional forman parte de una mirada que termina poniendo una pregunta sobre la mesa: qué debe dejar la minería en las regiones para que las comunidades la reconozcan como parte de su propio proyecto de futuro.
Al mirar los últimos años, ¿qué avances destacaría especialmente en sostenibilidad, medio ambiente y relación con los territorios?
En los últimos años la minería chilena ha logrado su avance más relevante al pasar de una lógica solo productiva a una de desarrollo sostenible con foco en las personas y el territorio. En materia ambiental destacamos tres transformaciones: la descarbonización de la matriz energética, donde hoy más del 60% de la electricidad que consume la industria proviene de fuentes renovables; el cambio en la gestión hídrica, con un uso creciente de agua de mar y de recirculación que ya supera el 75% en las operaciones del norte; y el impulso a la economía circular, con planes de cierre de faenas, valorización de relaves y eficiencia en el uso de insumos.
En paralelo, hubo una transformación profunda en la relación con las comunidades. Hoy ningún proyecto se concibe sin diálogo temprano, acuerdos de desarrollo local y participación de proveedores y mano de obra de la zona. También se ha avanzado de manera significativa en inclusión, con un aumento sostenido de la participación femenina y de jóvenes técnicos en operaciones.
Este cambio de enfoque nos ha permitido avanzar en legitimidad social, entendiendo que la sostenibilidad de la minería depende tanto del cuidado del medio ambiente como de la confianza que construimos en los territorios donde operamos.
Más allá de esos avances, ¿cuál considera que es hoy el principal desafío pendiente para la minería chilena?
El principal desafío pendiente hoy es recuperar la competitividad y la velocidad para desarrollar nuevos proyectos. Chile tiene el cobre, el litio, la energía solar y eólica y los tratados comerciales que el mundo necesita para la transición energética, pero un proyecto minero se demora entre 10 y 14 años en aprobarse.
Esa tramitación excesiva, sumada a la falta de certeza jurídica y tributaria, nos hace perder inversiones frente a Perú, Canadá y Australia. Sin proyectos nuevos no hay producción futura, y sin producción no hay recursos para financiar la descarbonización, la salud ni la educación.
El segundo desafío es consolidar la legitimidad y la licencia social en los territorios. Para que la minería sea sostenible debe seguir avanzando en diálogo temprano, beneficios compartidos y estándares socioambientales de clase mundial.
Eso implica más inversión en agua desalada, cierre de brechas en gestión de relaves y biodiversidad, y trabajo conjunto con las comunidades para que vean a la minería como parte de la solución al desarrollo local. Competitividad y legitimidad deben ir de la mano: sin una, la otra no se sostiene.
En materia ambiental, ¿dónde están las brechas más urgentes entre los compromisos asumidos y los resultados concretos?
En materia ambiental la urgencia mayor está en dos ámbitos: gestión hídrica y descarbonización. En agua, si bien la industria ha avanzado de forma significativa hacia el uso de agua de mar y la recirculación, aún existen faenas que dependen de fuentes continentales y que deben acelerar su transición.
También necesitamos escalar con rapidez la electromovilidad de flotas, el cambio a energías renovables 24/7 y la eficiencia energética para cumplir las metas de carbono neutralidad al 2040-2050 que muchas compañías ya asumieron. Sin energía limpia y agua segura no hay minería sostenible.
Respecto a las brechas, la más importante hoy está en economía circular y gestión de relaves y residuos. Tenemos compromisos ambiciosos de valorizar pasivos ambientales, reutilizar relaves históricos y reducir la huella de depósitos, pero todavía falta mayor desarrollo tecnológico, financiamiento y un marco regulatorio que incentive reutilizar en vez de solo disponer.
Lo mismo ocurre en biodiversidad y restauración de ecosistemas, donde los planes están, pero su implementación a escala aún es incipiente. Cerrar esas brechas requiere colaboración público-privada, más I+D aplicada en Chile y plazos claros que permitan pasar de los pilotos a la operación industrial.
¿Qué debe cambiar o profundizarse para construir relaciones de mayor confianza con las comunidades?
Para construir relaciones de mayor confianza lo primero que debe cambiar es el momento en que se inicia el diálogo. Ya no podemos llegar a los territorios con el proyecto definido. Se necesita un diálogo temprano, transparente y con información técnica accesible, donde las comunidades participen desde la etapa de exploración en el diseño del proyecto, en la evaluación de impactos y en la definición de medidas de mitigación. Eso implica pasar de una lógica de consulta a una anticipada con reglas claras, plazos definidos y con el Estado presente como garante del proceso.
En segundo lugar, hay que profundizar en la generación de valor compartido real y medible. No basta con empleo temporal o aportes puntuales. Se requieren acuerdos de desarrollo territorial de largo plazo que incluyan compra a proveedores locales, formación técnica, encadenamiento productivo, inversión en salud, educación y diversificación económica.
Las empresas deben rendir cuenta de esos compromisos y las comunidades deben ver beneficios concretos mientras el proyecto opera. Cuando las personas sienten que la minería mejora su calidad de vida, se construye la legitimidad que hoy es tan necesaria como el permiso ambiental para que Chile pueda seguir desarrollando proyectos sostenibles.
Mirando hacia la próxima década, ¿qué tendría que ocurrir para que las regiones perciban con mayor claridad el aporte de la minería?
Para que en la próxima década las regiones y comunidades vean con mayor claridad el aporte de la minería, lo primero que tiene que ocurrir es que el valor quede en el territorio. Eso significa traducir los ingresos del cobre en capacidades locales concretas: formación técnica pertinente a la industria y a otras actividades, encadenamiento con proveedores regionales, infraestructura habilitante como agua, energía y conectividad, y fondos de desarrollo administrados de forma conjunta entre Estado, empresas y comunidades. La gente debe percibir obras, servicios y oportunidades que se mantengan más allá del ciclo de un proyecto.
Esto, hoy, en gran medida depende de cómo los municipios invierten los recursos económicos que perciben por el Royalty Minero, el que además debe ser informado a las comunidades, para que sepan, que también son beneficiarios de la actividad minera.
Como Cámara Minera de Chile, hemos estado en contacto con los diversos municipios, especialmente donde hay desarrollo minero, para orientarlos en la forma en que esos recursos se pueden invertir, que beneficien a la comunidad y a los pequeños mineros.
En paralelo, necesitamos avanzar hacia una relación de largo plazo basada en planificación territorial. Las regiones mineras debieran contar con estrategias de diversificación productiva donde la minería sea un motor, no el único destino. Esto implica invertir desde hoy en educación, salud, innovación y emprendimiento local, para que cuando una faena cierre queden capacidades instaladas.
Si logramos que cada peso invertido en minería se vea reflejado en mejor calidad de vida, empleo de calidad y nuevas oportunidades para jóvenes y mujeres, entonces las comunidades van a percibir a la minería como parte de su proyecto de futuro y no solo como una actividad extractiva.
La prueba estará en lo que quede en los territorios
Las respuestas de Viera dejan instalada una tensión que probablemente seguirá acompañando a la minería chilena durante la próxima década. El país necesita nuevos proyectos, pero la velocidad de inversión ya no puede evaluarse separadamente de la gestión ambiental, la participación temprana y la capacidad de generar beneficios perceptibles para las comunidades. En esa combinación entre competitividad y legitimidad parece jugarse una parte importante de la viabilidad futura del sector.
La mirada hacia adelante plantea además una exigencia más profunda: que el impacto de la minería pueda reconocerse incluso después del ciclo productivo de una faena. Formación técnica, proveedores regionales, infraestructura, innovación y diversificación económica aparecen como capacidades capaces de permanecer. Si ese valor consigue arraigarse en las regiones, la discusión sobre minería y territorio podría comenzar a moverse desde cuánto se extrae hacia cuánto desarrollo logra realmente quedar instalado.