El proyecto de ley que regulará el uso de agua de mar para desalinización abrió un espacio de análisis técnico en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. En esta instancia, ACADES y el Consejo Minero presentaron observaciones claves para perfeccionar una normativa que impactará de manera directa a las comunidades, a los sectores productivos y, especialmente, a la minería, responsable de más del 80% de la capacidad de desalinización del país.
En sus exposiciones, ambos gremios destacaron que el país enfrenta un déficit hídrico estructural, por lo que una regulación moderna es indispensable para asegurar nuevas fuentes de agua en el largo plazo.
Desalinización como infraestructura crítica frente a la crisis hídrica
Durante la sesión, el director ejecutivo de ACADES, Rafael Palacios, advirtió que varias regiones mantienen un escenario de estrés hídrico que presiona severamente los recursos continentales, afectando tanto a las comunidades como a la actividad económica. En ese contexto, subrayó que la desalación y el reúso de aguas residuales ya son herramientas estratégicas para garantizar suministro seguro.
“Valoramos esta iniciativa porque entrega al país una base normativa esencial para impulsar nuevas fuentes de agua sostenibles. Es una señal de institucionalidad frente a la crisis hídrica, aunque debemos perfeccionar aspectos como la obligación de retirar infraestructura al término de la concesión. Chile no puede arriesgar su capacidad instalada en desalación, que es infraestructura crítica para asegurar el abastecimiento de agua en momentos de crisis como el que viven muchas regiones hoy”, señaló Palacios.
La visión fue compartida por el Consejo Minero, cuyo presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, enfatizó que la industria ha logrado contener la presión sobre las fuentes continentales gracias a inversiones sostenidas en desalinización y transporte de agua. Su diagnóstico sostuvo que la disponibilidad regulatoria es clave para mantener operaciones y resguardar la sostenibilidad hídrica de los territorios.
“Chile necesita una ley de desalinización moderna y funcional. Para lograrlo, es fundamental que el marco regulatorio garantice continuidad operativa, elimine duplicidades y dé certezas a largo plazo. La desalinización no es solo una alternativa: es una condición habilitante para seguir produciendo y reduciendo la presión sobre nuestras fuentes continentales”, afirmó Villarino tras la sesión.
Observaciones técnicas y necesidad de certezas para proyectos mineros
El debate legislativo también abordó aspectos técnicos sobre la continuidad operacional. El Consejo Minero advirtió que los plazos de concesión —30 años renovables una vez— no se ajustan a la vida útil de los proyectos mineros, que pueden superar con holgura ese periodo. Asimismo, señaló el riesgo de que exista duplicidad de trámites si se superponen análisis entre el ministerio competente y la Dirección General de Aguas, lo que podría extender procesos y aumentar la incertidumbre regulatoria.
ACADES coincidió en que una regulación eficiente requiere certidumbre y visión de largo plazo. Palacios recordó que las plantas desaladoras están diseñadas para operar más de seis décadas y cumplen un rol estratégico para ciudades, minería y comunidades.
“Si hablamos de plantas que abastecen a la minería, a las ciudades y a cientos de comunidades, no es razonable que una norma pudiera obligar a retirar infraestructura que está funcionando. La continuidad operacional es esencial para garantizar el suministro en el largo plazo”, explicó el director ejecutivo de ACADES.
Ambos gremios resaltaron que el país ya observa un incremento sostenido en el uso de agua de mar, especialmente en minería, donde el consumo pasó de 1,7 a 7,8 m³/s en la última década, tendencia que refleja la urgencia de contar con un marco regulatorio actualizado y eficiente. Antes de concluir, Villarino reforzó que la adopción de desalación y reúso ha permitido avanzar en un uso más equilibrado del recurso hídrico, reduciendo la presión sobre las fuentes continentales.
Con todo, ACADES y Consejo Minero reiteraron su disposición a seguir aportando evidencia técnica y propuestas de mejora para perfeccionar el proyecto de ley. Subrayaron que una regulación moderna debe promover la inversión, otorgar certezas y evitar interrupciones en servicios esenciales para minería, comunidades y otros sectores productivos, consolidando a la desalinización como un elemento habilitante para enfrentar la crisis hídrica en el país.