Representantes de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA) y la Asociación de Industriales de Iquique (AII) se reunieron con Francisco Saffie, Coordinador de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda, para abordar los efectos del anteproyecto de Norma Secundaria de Calidad del Aire para Material Particulado Sedimentable (MPS) en la cuenca del Río Huasco y la aplicación de la Ley N° 21.600.
Durante el encuentro, los gremios manifestaron su inquietud por el impacto que las nuevas regulaciones medioambientales podrían generar en la inversión y en el desarrollo de proyectos en la Macrozona Norte.
Juan José Ronsecco, presidente de CORPROA, detalló que “si no se analizan con la debida profundidad y de manera integral, estas normas podrían afectar la continuidad y competitividad de la actividad productiva en regiones estratégicas para el país”.
Mesa técnica y análisis territorial
El presidente de CORPROA explicó que el sector productivo comparte la necesidad de fortalecer la protección ambiental, pero advierte sobre la falta de rigurosidad técnica y territorial en la implementación de las nuevas medidas.
“Hemos manifestado nuestra preocupación al Ejecutivo, ya que consideramos que la forma en que se está aplicando esta medida resulta impositiva y carece de un levantamiento técnico riguroso”, afirmó Ronsecco.
Agregó que el objetivo es “abogar por la instalación de una mesa técnica que permita analizar en profundidad los efectos reales de esta regulación. Chile, junto con resguardar el medioambiente, debe entregar certeza jurídica y condiciones claras a quienes desean invertir responsablemente”.
Por su parte, el gerente general de la AII, Marcos Gómez, respaldó el planteamiento, enfatizando que el equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental requiere diálogo permanente y enfoque territorial, especialmente en regiones donde la minería, la energía y la infraestructura son pilares del empleo y la innovación.
Equilibrio entre regulación y desarrollo sostenible
Tanto CORPROA como la AII coincidieron en la necesidad de un enfoque participativo que armonice las políticas medioambientales con las realidades regionales, sin frenar la inversión ni afectar la competitividad de los sectores productivos.
Los representantes plantearon a Hacienda que las regulaciones deben considerar las particularidades climáticas, geográficas y económicas de cada territorio, además de garantizar procesos de consulta y análisis técnico previos a su implementación.
En este contexto, ambos gremios destacaron la importancia de trabajar en conjunto con los ministerios sectoriales, la academia y los municipios, para avanzar hacia una regulación basada en evidencia y sustentada en diálogo territorial.
“Las regiones no pueden ser solo receptoras de decisiones centrales. Deben ser parte activa en la definición de políticas que afectan su desarrollo”, subrayó Ronsecco, reforzando la idea de que la transformación hacia un desarrollo sostenible debe construirse desde los territorios.