En un hecho histórico para la seguridad laboral en Chile, el Gobierno aprobó oficialmente la nueva Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería, resultado de un amplio proceso de diálogo social con participación del Estado, el mundo sindical y el empresariado.
El avance se da en el marco de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028 y está sustentado en la reciente ratificación del Convenio 176 de la OIT, fortaleciendo el compromiso del país con condiciones laborales seguras y dignas en el sector minero.
Diálogo tripartito y territorial como base del cambio
Durante nueve meses, el proceso convocó a representantes del Gobierno, empresas mineras y sindicatos, incluyendo la activa participación de la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN). Ocho dirigentes aportaron desde los territorios para garantizar altos estándares de prevención y seguridad laboral en todas las faenas del país.
Lo que distingue a esta política es su carácter inclusivo y descentralizado, al incorporar las realidades de la pequeña, mediana y gran minería, más allá de los centros urbanos. “Lo relevante es que esta política fue construida con aportes de todos los sectores y apunta a que la seguridad y salud laboral sea parte de la práctica cotidiana de las empresas”, señaló el ministro Giorgio Boccardo.
Una política con enfoque integral, género y salud mental
La política no se limita al control de accidentes: incorpora salud mental, perspectiva de género, desafíos tecnológicos y el envejecimiento laboral. Desde CTMIN, se destaca que este marco normativo marca el inicio de una cultura preventiva integral, abandonando la respuesta reactiva frente a emergencias.
“Lo que aprobamos hoy es más que una política; es un camino hacia el fortalecimiento de derechos fundamentales en el trabajo, que debe trascender a los gobiernos y consolidarse como política de Estado”, enfatizaron desde la coordinación sindical.
Con esta aprobación, Chile da un paso decisivo hacia la modernización y humanización del trabajo minero, alineando sus prácticas con los convenios internacionales y reafirmando el valor del diálogo social.