El jefe comunal criticó públicamente el proyecto Continuidad del Proceso de Lixiviación y Adecuaciones al Proyecto Minero División Radomiro Tomic, ingresado al SEIA en enero de 2026, por falta de beneficios concretos para la ciudad y llamó a elevar las exigencias comunitarias
El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, endureció su postura frente al proyecto “Continuidad del Proceso de Lixiviación y Adecuaciones al Proyecto Minero División Radomiro Tomic”, presentado por Codelco al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el 13 de enero de 2026 y que contempla una inversión estimada de US$ 1.300 millones. Para la autoridad comunal, la iniciativa asegura continuidad operacional hasta 2058, pero no garantiza beneficios estructurales para la ciudad.
Desde las inmediaciones del acceso a la faena, Chamorro sostuvo que el proyecto no se traduce en mejoras concretas en infraestructura, salud ni desarrollo urbano, pese a la magnitud de los recursos comprometidos. “Aquí se habla de miles de millones de dólares, pero Calama sigue esperando inversiones que cambien la vida diaria de sus habitantes”, afirmó, apuntando a la brecha entre la riqueza que se genera en el territorio y su impacto real en la calidad de vida local.
Uno de los focos de la crítica fue la conectividad y la seguridad vial. El alcalde recordó que los accesos a la división registran alto flujo vehicular y riesgos permanentes, sin que existan obras de envergadura impulsadas desde la operación minera. “Ni siquiera una carretera como corresponde”, señaló, aludiendo a gestiones previas del municipio con el Ministerio de Obras Públicas que, según indicó, no han sido acompañadas por inversiones desde la empresa.
Un reclamo que viene de lejos
Las declaraciones del jefe comunal se inscriben en un reclamo histórico de Calama hacia las grandes operaciones cupríferas. La comuna convive desde hace décadas con divisiones emblemáticas como Radomiro Tomic, Chuquicamata y Ministro Hales, todas de Codelco, y autoridades locales junto a organizaciones sociales han insistido en que la escala de los proyectos no se refleja en obras urbanas, servicios de salud ni encadenamientos productivos locales.
En ese contexto, Chamorro subrayó que las expectativas ya no pueden limitarse a compensaciones menores. “Si ofrecen una plaza, hay que pedir un parque; si ofrecen una multicancha, hay que pedir un complejo deportivo”, planteó, llamando a elevar el estándar de las exigencias comunitarias en procesos de consulta y participación ciudadana.
Empleo y economía local
El alcalde también puso en duda el impacto económico directo del proyecto en la ciudad. Si bien reconoció que una iniciativa de esta envergadura puede generar empleo, advirtió que no existe garantía de una participación significativa de trabajadores y proveedores locales. “Se habla de más trabajo, pero muchas veces ese trabajo no queda en Calama”, afirmó, cuestionando además la baja incidencia del proyecto en el comercio y los servicios de la comuna.
A su juicio, buena parte de la actividad asociada a la operación se articula fuera del territorio, lo que limita los encadenamientos productivos y el efecto multiplicador en la economía local. “La riqueza se produce aquí, pero no siempre se queda aquí”, resumió.
Salud e infraestructura como prioridades
Entre las demandas más urgentes, Chamorro mencionó la necesidad de fortalecer el hospital de Calama con especialistas médicos, subrayando que ese tipo de inversión tiene un impacto directo en la vida de las personas. “Traer especialistas no es un costo imposible para una operación de esta escala”, sostuvo, insistiendo en que la responsabilidad social debe expresarse en compromisos verificables.
A esto sumó la falta de obras estructurales en infraestructura urbana y vial, ámbitos donde —según el municipio— la ciudad sigue asumiendo externalidades sin una retribución proporcional. Para el alcalde, la discusión no es solo técnica, sino también política y territorial: “Calama no puede seguir siendo solo el soporte operativo de proyectos millonarios”, advirtió.
Evaluación ambiental y señal política
Chamorro reconoció que, por ley, el municipio no tiene facultades para aprobar o rechazar directamente la iniciativa, ya que el titular del proyecto es quien decide si acoge o no las observaciones dentro del SEIA. Sin embargo, fue claro en fijar una señal política: en su forma actual, el proyecto no cuenta con su respaldo.
“Si la minería quiere quedarse hasta 2058, debe comprometerse de verdad con la ciudad”, afirmó, recalcando que Calama no puede seguir asumiendo costos ambientales, urbanos y sociales sin recibir beneficios estructurales a cambio.
El mensaje cerró con una advertencia que resume el fondo del debate: revisar cómo las grandes inversiones mineras se vinculan con el desarrollo de los territorios donde operan. Para el alcalde, el desafío no es solo extender la vida útil de una división, sino construir una relación más equilibrada entre minería y ciudad.