La Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA) encabezó una reunión con los ministerios de Minería y Medio Ambiente para analizar la implementación de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
El encuentro —realizado el lunes 3 de noviembre— contó con la participación de la ministra de Minería, Aurora Williams, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, la diputada Daniella Cicardini, el director nacional del SBAP, Aarón Cavieres, el gobernador regional Miguel Vargas, dirigentes gremiales y representantes del sector privado.
Durante la cita, se abordaron las preocupaciones sobre los reglamentos de la ley, la definición de 99 sitios prioritarios en distintas regiones y la necesidad de incorporar criterios locales en la toma de decisiones.
“Hoy hemos solicitado ampliar el plazo para el establecimiento de sitios prioritarios y respaldamos la petición del Gobernador para establecer una mesa de trabajo en Atacama”, señaló Juan José Ronsecco, presidente de CORPROA.
“Nadie puede restarse de proteger el medio ambiente, pero cuando las normas pueden restringir la actividad económica, se requieren estudios técnicos y plazos razonables que consideren la realidad local”, agregó el dirigente gremial.
Minería y Medio Ambiente buscan equilibrio en la implementación del SBAP
El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) es parte del nuevo marco institucional ambiental que busca consolidar la gestión de la conservación en Chile. Sin embargo, su aplicación práctica en territorios con fuerte vocación minera, como Atacama, ha generado inquietud sobre la compatibilidad entre conservación y desarrollo productivo.
Durante la reunión, el presidente de CORPROA enfatizó que “Atacama debe ser escuchada cuando se toman decisiones que afectan su desarrollo”. Enfatizó que la corporación ha trabajado en fortalecer el ecosistema productivo regional y atraer inversión responsable, por lo que cualquier medida ambiental debe construirse con evidencia y diálogo.
“Esperamos que nuestra solicitud de plazos razonables para el estudio exhaustivo de los sitios prioritarios sea acogida, y que la conformación de esta mesa de trabajo en Atacama sea un acto de buena fe para alcanzar la mejor normativa posible con el apoyo de todos”, afirmó Ronsecco.
En la misma línea, los representantes gremiales y empresariales —como la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), la Asociación Minera de Copiapó y empresas del sector— plantearon la necesidad de mejorar los mecanismos de consulta y fortalecer la coordinación entre el Estado y los territorios productivos.
Gobernanza ambiental y participación regional: los próximos pasos
La propuesta de establecer una mesa de trabajo en Atacama busca crear un espacio institucional para evaluar la delimitación de los sitios prioritarios, la reclasificación de especies protegidas y la interacción permanente entre autoridades y actores locales.
El desafío, coincidieron los asistentes, es armonizar los objetivos de conservación con la continuidad de actividades productivas esenciales como la minería, energía y agricultura, pilares de la economía regional.
La reunión también permitió reforzar la idea de que la legitimidad de las políticas ambientales depende de la participación de los territorios. Para los gremios, la implementación del SBAP sin una mirada regional y técnica podría derivar en conflictos socioambientales y en la paralización de proyectos estratégicos para el empleo local.
Con esta instancia, CORPROA y las autoridades nacionales abren una etapa de diálogo estructurado que busca fortalecer la confianza entre Estado, empresas y comunidades, avanzando hacia una agenda ambiental más inclusiva y territorialmente justa.