Chile dio un paso histórico en su política ambiental con la publicación de la primera norma de calidad del aire para arsénico, un contaminante estrechamente vinculado a las fundiciones de cobre. La regulación establece un límite anual de 23 nanogramos por metro cúbico, lo que coloca al país en sintonía con estándares internacionales y crea un referente regulatorio sin precedentes en la región.
Hasta ahora, el arsénico —un elemento químico con efectos comprobados sobre la salud humana— no contaba con una regulación específica, dejando a las comunidades cercanas a instalaciones mineras expuestas a riesgos sin marco normativo claro.
Según los registros oficiales, el 99% de las emisiones proviene de fundiciones de cobre, lo que sitúa a ciudades del norte del país como Antofagasta, Calama y Paipote en el centro de la futura aplicación de la norma.
Un hito histórico para la protección de la salud
A juicio de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, la norma constituye un hito histórico porque incorpora tanto la protección de la salud como la participación comunitaria.
“La publicación de esta norma, la primera específica para el arsénico, protegerá la salud de las personas. Permitirá la elaboración de planes de prevención y descontaminación en territorios donde se acerque o supere el umbral, incluyendo medidas concretas para reducir las emisiones”, señaló la autoridad.
En ese sentido, la norma establece que la superación de los límites se calculará con un promedio de tres años consecutivos, mientras que un año con más de 46 ng/m³ implicará la activación inmediata de planes de mitigación. Esto generará medidas que afectarán directamente a las fundiciones de cobre, responsables de la mayoría de las emisiones, pero también permitirá incorporar otras fuentes de contaminación regional.
Relevancia para las comunidades y la industria
El establecimiento de la norma responde a un proceso participativo y transparente, donde comunidades, expertos y el sector industrial aportaron insumos técnicos y sociales. Según la ministra Rojas, la norma no solo establece un límite técnico, sino que incorpora justicia ambiental y equidad territorial, asegurando que la protección de la salud llegue a quienes históricamente han estado más expuestos.
“El sector minero ha sido un motor de desarrollo, pero también debe asumir su responsabilidad en la reducción de impactos. Esta norma busca equilibrar crecimiento económico con salud pública y sostenibilidad ambiental”, destacó Rojas.
Por otra parte, la medida marca un precedente para futuros estándares en contaminantes aún no regulados y sitúa a Chile como referente regional en normativa ambiental avanzada, fortaleciendo la relación entre empresas, Estado y comunidades.
Conectando sostenibilidad y desarrollo responsable
De esta manera, la publicación de la norma de arsénico abre un camino hacia un modelo de minería más responsable y socialmente inclusivo, donde la participación de las comunidades y la equidad de género pueden integrarse en los planes de prevención. La regulación, según expertos, es un paso decisivo para consolidar la justicia ambiental en zonas históricamente afectadas por emisiones industriales.
“Con esta norma, Chile se sitúa a la vanguardia en protección de la salud y gestión ambiental. Es un precedente que permitirá proteger a las personas y al territorio, al tiempo que impulsa un desarrollo industrial responsable”, concluye Rojas.