Ad portas de la transición al nuevo gobierno, la ministra de Minería, Aurora Williams Baussa, recorre los principales hitos de gestión, aborda los desafíos de la permisología y proyecta un horizonte de alta inversión para una industria que hoy exhibe la mayor cartera de proyectos de la última década: US$ 104 mil millones a diez años. En lo personal, tiene una sola certeza: el 15 de marzo volverá a su natal Antofagasta.
A días de concluir su gestión, Aurora Williams ordena sus prioridades y fija una línea clara: “La minería es de largo plazo, de grandes volúmenes y con un ecosistema robusto. (…) La minería no le pertenece a un gobierno, le pertenece a Chile”.
En entrevista exclusiva con Territoriominero.cl, la titular de Minería realiza un balance de una administración marcada por el énfasis territorial, la legitimidad social y mayores estándares institucionales.
“La licencia social hoy es más evidente que nunca”, afirma, en una etapa en la que advierte que “existen mayores obligaciones de transparentar conflictos de interés y seguir procedimientos estrictos, mientras la sociedad espera respuestas más inmediatas”.
Williams sitúa la Ley de Royalty como un punto de inflexión, no solo porque zanjó un debate histórico, sino por su impacto directo en las regiones. También destaca la política de los acuerdos como el método que permitió avanzar en reformas estructurales como el royalty y la Estrategia Nacional del Litio, consolidando la sostenibilidad social y ambiental como parte estructural del modelo minero.
En el plano productivo, releva la política de fomento a la pequeña minería y la capitalización histórica de Enami, que incluye recuperar la capacidad de fundición para el país, junto con el avance del litio mediante nuevos contratos especiales de operación. “El acuerdo en el Salar de Atacama con Codelco permite capturar renta para el Estado”, subraya.
En un escenario internacional marcado por la transición energética y la demanda por minerales estratégicos, asegura que Chile se ha posicionado como “un socio confiable y productor responsable”, combinando estabilidad institucional, desarrollo territorial y proyección global.
Mirando en perspectiva, ¿revisemos los principales hitos de su gestión y qué efectos concretos ha tenido en la industria y en los territorios mineros?
Uno de los logros más importantes tiene que ver con los territorios y con lo que hoy significa que nuestro país tenga una Ley de Royalty. Esta ley se logró a través de la política de los acuerdos, con amplia participación de la industria, de los parlamentarios y de nosotros como Gobierno. Esto zanjó una discusión de muchos años en nuestro país y hoy se ven frutos concretos en las 16 regiones, en más de 300 comunas, entre ellas 45 comunas mineras.
Sobre la Estrategia Nacional del Litio, ¿qué resultados están hoy consolidados y qué aspectos siguen en fase de implementación o ajuste?
La estrategia está desplegada tal como fue mandatada por el presidente Boric en 2023. Hoy contamos con el Instituto Público de Litio con financiamiento basal por diez años y lo instalamos en la Región de Antofagasta, con un laboratorio natural único, que tiene salares en producción, en explotación inicial y protegidos.
Además, se realizó con un diálogo profundo con los territorios y con las consultas indígenas correspondientes, lo que fue un gran desafío como gobierno y, en particular, como ministerio. Con Chile Valora, además, se avanzó en la certificación de competencias laborales.
¿Y en materia de explotación?
Impulsamos un dinamismo vinculado a la industria del litio. En Chile solo existía un contrato especial de 2018, en condiciones distintas. Hoy tenemos nuevos contratos especiales de operación. El acuerdo en el Salar de Atacama con Codelco permite capturar renta para el Estado.
El contrato con Altoandino y Enami ya fue tomado razón por Contraloría. Firmamos las condiciones generales para Maricunga y hay otros en etapa final de revisión.
¿Esos serían pendientes?
En minería la mirada debe ser de largo plazo y los proyectos mineros trascienden los ciclos políticos. Más que pendientes, hablaría de continuidad de procesos que ya se iniciaron.
¿Qué avances tuvo Enami en su período?
La Empresa Nacional de Minería fue capitalizada por primera vez en su historia y hoy cuenta con un plan estratégico. Asumió un contrato especial de litio y avanzó decididamente para que Chile recupere capacidad fundidora con una nueva fundición. Eso es estratégico para el país.
En paralelo, implementamos una política de fomento a la pequeña minería, que es clave en el modelo productivo nacional.
Respecto de los permisos, la industria reclama mayor rapidez en la evaluación de proyectos. ¿Cuál es su visión al respecto?
Existen diagnósticos compartidos sobre la necesidad de ser más eficientes y fluidos, sin claudicar en los estándares ambientales y sociales. Es un tema transversal.
En esa línea, aprobamos la Ley de permisos sectoriales no ambientales, a través del Ministerio de Economía, en un trabajo con los ministerios sectoriales. Ahora el desafío es hacerla plenamente operativa.
La modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental está en el Parlamento y es un debate que debe avanzar. Existen consensos importantes. Estamos en un buen momento de mercado y avanzar en fluidez es fundamental. Ahora, ser eficientes en el otorgamiento de permisos es una discusión global, no solo nacional.
¿Cómo se abordó el equilibrio entre atraer inversión minera y fortalecer los estándares ambientales y sociales exigidos a los proyectos?
Chile es mirado como un socio confiable y un productor responsable. Tenemos actores mineros globales instalados en el país desde hace 30, 40 e incluso 50 años.
Hoy contamos con la mayor cartera de inversiones de la última década: US$104 mil millones proyectados a diez años, según Cochilco, principalmente en cobre, oro y litio. Las políticas mineras al 2050 fueron construidas con alta participación territorial y del ecosistema completo.
¿Qué cambios observa en la relación con las comunidades?
Existe una mayor predisposición al diálogo en todo el ecosistema. Hace años se hablaba de la licencia social y hoy es más evidente que nunca. El diálogo territorial es una condición habilitante para el desarrollo de proyectos.
¿Cuál es su opinión respecto de la situación que vive actualmente Codelco El Teniente?
Valoramos que Codelco haya denunciado la irregularidad detectada y adoptado decisiones como gobierno corporativo. El análisis técnico lo realiza Sernageomin, que está desplegado en terreno revisando los antecedentes del caso El Teniente.
Dos períodos, una sola Aurora
¿Qué diferencia hay entre su primer período y el actual?
Creo que hay una sola Aurora, que va aprendiendo a través de la vida. Los contextos cambian más rápido. Hay mayores exigencias, cambios generacionales y una relación distinta con la tecnología.
El Estado también ha evolucionado, con más tecnología y más exigencia. Existen mayores obligaciones de transparencia, mientras la sociedad espera respuestas cada vez más inmediatas.
Usted nació en Antofagasta, ¿cuánto influyó en su gestión?
Mucho. En Antofagasta se concentra una parte esencial de la minería chilena. La minería es diversa: gran, mediana y pequeña. Pensar que la minería son solo los mandantes es una visión limitada.
¿Qué debería continuar en el próximo mandato? ¿Y cuáles son sus planes futuros?
La minería es de largo plazo, de grandes volúmenes y con un ecosistema robusto. Las políticas públicas deben construirse con participación. La minería no le pertenece al gobierno, le pertenece a Chile.
Sobre mis planes, lo que tengo claro es que el día 15 de marzo voy a estar en Antofagasta.