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Teck renuncia al uso extractivo de concesiones mineras y derechos de agua en Alconcha

Territorio MineroAgosto 28, 20265 minutos de lectura
Teck y la Comunidad Quechua de Ollagüe comienzan un modelo de conservación ambiental y gobernanza indígena en Alconcha.
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El proyecto, originado como compensación ambiental de la expansión de Quebrada Blanca, fue codiseñado durante seis años con la Comunidad Quechua de Ollagüe e incorpora guardaparques locales, monitoreo hídrico, biodiversidad, educación ambiental y turismo sustentable


Teck y la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe (CIQO) formalizaron el inicio del Proyecto de Conservación del Salar de Alconcha, una iniciativa que abarcará más de 6.000 hectáreas entre el salar y la Quebrada de Coasa, en la Región de Antofagasta, a más de 4.000 metros de altitud.

El proyecto tiene una particularidad relevante para la industria: Teck renunció de forma definitiva al uso extractivo, minero o comercial de sus derechos de agua y concesiones mineras existentes en el sector, destinándolos exclusivamente a conservación. La comunidad, por su parte, constituyó sobre sus tierras la figura del Derecho Real de Conservación.

La iniciativa no surgió como un programa ambiental independiente. Su origen está en una medida de compensación asociada a la expansión de Quebrada Blanca, desarrollada posteriormente durante seis años junto a la comunidad. Ese vínculo conecta el proyecto con la evolución de Quebrada Blanca y el proceso de consolidación de una de las principales operaciones de Teck en Chile.


De compensación ambiental a conservación de largo plazo

La definición del Salar de Alconcha como área de conservación surgió después de evaluar alternativas para reemplazar medidas originalmente previstas en otra zona de compensación de Quebrada Blanca. El trabajo incorporó participación comunitaria, evaluación ambiental y consulta indígena antes de obtener una Resolución de Calificación Ambiental favorable para su implementación.

El proyecto contempla además una gobernanza donde la Comunidad Quechua de Ollagüe tendrá participación directa en el resguardo del territorio. Durante la ceremonia de inicio fueron certificados los primeros guardaparques pertenecientes a la propia comunidad, quienes estarán a cargo de ejecutar tareas contempladas en el Plan de Manejo Adaptativo.

Lidia Mendoza, presidenta de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, destacó que la iniciativa es resultado de más de seis años de trabajo conjunto.

“El inicio del proyecto de conservación del Salar de Alconcha es el fruto de más de seis años de trabajo conjunto con Teck, impulsado por nuestro deseo de seguir protegiendo y resguardando nuestro territorio y patrimonio”.

La dirigenta agregó que para la comunidad resulta fundamental conservar un espacio libre de impactos y explotación, permitiendo mantener costumbres, ritos ancestrales y actividades desarrolladas históricamente en el territorio.

La fórmula utilizada se basa en el Derecho Real de Conservación, instrumento regulado en Chile por la Ley 20.930 y que permite constituir voluntariamente un derecho destinado a conservar el patrimonio ambiental de un predio. La legislación establece que este derecho puede tener duración indefinida si las partes no acuerdan lo contrario.


Guardaparques, agua y biodiversidad

Tras la aprobación ambiental, el proyecto inicia un Plan de Manejo Adaptativo estructurado en cuatro áreas principales: investigación y protección de biodiversidad, monitoreo hídrico continuo, educación ambiental y desarrollo de turismo sustentable con identidad local.

En biodiversidad se consideran estudios sobre bofedales, vizcachas, aves en categoría de conservación y protección de la llareta. El componente educativo incluirá senderos interpretativos, mientras el turismo aparece vinculado a una oferta que incorpore el patrimonio cultural y ambiental de Ollagüe.

Arturo Farías, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, señaló que la medida incorporó conocimiento territorial de la comunidad y un proceso de consulta indígena.

“El Proyecto de Conservación del Salar de Alconcha tiene su origen en una medida de compensación ambiental que incorporó la participación y el conocimiento territorial de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe”, explicó.

La dimensión comunitaria del proyecto se inserta en una discusión más amplia sobre cómo la minería está vinculando sostenibilidad, comunidades y desarrollo territorial, particularmente en zonas donde las operaciones conviven con ecosistemas sensibles y territorios indígenas.


Un modelo reconocido fuera de Chile

El esquema de gobernanza desarrollado entre Teck y la comunidad recibió durante 2026 el TSM Community Engagement Excellence Award, reconocimiento asociado a la iniciativa Towards Sustainable Mining. El registro oficial del premio identifica al Proyecto Alconcha como una iniciativa de cogestión entre Teck y la Comunidad Quechua de Ollagüe sobre más de 6.000 hectáreas de humedales altoandinos.

Ignacio Malig, director nacional de Conadi, sostuvo que el proyecto transforma una medida de compensación ambiental en una iniciativa de conservación de ecosistemas de alto valor ecológico y cultural, incorporando participación comunitaria en su implementación y protección.

Por parte de Teck, Dale Webb, vicepresidente Senior de Operaciones Latinoamérica, vinculó el proyecto con la relación de largo plazo entre operaciones y territorio, destacando el conocimiento ancestral de las comunidades como parte de la gestión ambiental.

Con el inicio de las operaciones en terreno, el desafío pasa ahora desde el diseño y la aprobación ambiental hacia la implementación. La comunidad y Teck deberán avanzar en el monitoreo efectivo del ecosistema, la operación de los guardaparques y la definición de mecanismos de financiamiento de largo plazo, elementos que determinarán la continuidad del modelo de conservación.

El alcance del proyecto va, por tanto, más allá de delimitar 6.000 hectáreas. Su resultado podrá medirse en la capacidad de mantener ese territorio protegido en el tiempo, sostener la participación efectiva de la comunidad y demostrar que una medida de compensación ambiental puede traducirse en gestión permanente de biodiversidad, agua y patrimonio cultural.


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