Habitantes de la comuna acusan que botaderos, acopios y depósitos de residuos mineros cercanos a zonas urbanas habrían generado impactos en aire, suelo, ecosistemas y salud. La causa fue acogida a trámite, aunque el tribunal rechazó la cautelar solicitada
Los vecinos y vecinas de Tierra Amarilla lograron abrir una nueva etapa judicial en una preocupación que cruza hace años a esta comuna minera de Atacama: la convivencia entre zonas habitadas, establecimientos educacionales y depósitos asociados a la actividad extractiva.
El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite una demanda por presunto daño ambiental presentada contra el Fisco de Chile, Lundin Mining SpA, Compañía Contractual Minera Candelaria y Compañía Contractual Minera Ojos del Salado.
La acción judicial sostiene que la existencia de botaderos, acopios y depósitos de residuos mineros, ubicados en las cercanías e incluso dentro del radio urbano de la comuna, habría generado afectaciones sobre distintos componentes ambientales. Según los demandantes, estos materiales contendrían material particulado fino y metales, con eventuales impactos en aire, suelo, fauna, flora, ecosistemas, salud de la población y medio humano.
Una demanda nacida desde sectores habitados
La presentación sitúa el foco en lugares donde la actividad minera y la vida cotidiana se encuentran en una frontera especialmente delicada. Los vecinos apuntan a sectores próximos a Villa Estadio, la Escuela Luis Uribe y Nantoco, donde, a juicio de los demandantes, la persistencia de emisiones mantendría un daño ambiental actual, acumulativo, crónico y permanente.
Para la comunidad demandante, el problema no se limita a la existencia física de depósitos o acopios. La preocupación apunta a cómo esos materiales podrían afectar la calidad de vida de quienes viven, estudian o desarrollan sus actividades diarias cerca de zonas asociadas a residuos mineros. Por eso, la acción busca que el tribunal revise antecedentes técnicos, determine si existe daño ambiental y establezca eventuales responsabilidades.
Lo que piden los habitantes de Tierra Amarilla
Entre las medidas solicitadas, los vecinos pidieron la remoción, estabilización, confinamiento o cobertura definitiva de los depósitos de residuos mineros. También solicitaron prohibir el tránsito de camiones sin sistemas adecuados de contención de carga por zonas urbanas, implementar programas permanentes de monitoreo ambiental y realizar estudios técnicos independientes sobre dispersión de material particulado.
La demanda incorpora además medidas de remediación, prevención y seguimiento ambiental, junto con la solicitud de que los costos de implementación sean asumidos por las demandadas. De esta forma, la acción no solo busca una declaración judicial sobre la existencia o no de daño, sino también eventuales acciones concretas para reparar, prevenir y monitorear los impactos denunciados.
Tribunal no acogió medida cautelar
Junto con la demanda principal, los habitantes solicitaron una medida cautelar innovativa para realizar un análisis químico y mineralógico de materiales depositados en sectores aledaños a Villa Estadio y la Escuela Luis Uribe. El objetivo era elaborar un informe técnico-científico sobre su composición y eventuales riesgos ambientales y sanitarios.
Sin embargo, el Primer Tribunal Ambiental no acogió esa solicitud. Tras revisar los antecedentes, estimó que no se configuraba una presunción grave del derecho reclamado ni se acreditaba la existencia de un riesgo actual, concreto e inminente de perjuicio irreparable que justificara adoptar la medida cautelar. La resolución contó con el voto en contra del ministro Marcelo Hernández Rojas, quien estuvo por conferir traslado y requerir antecedentes adicionales antes de resolver.
La causa recién entra a discusión
La admisión a trámite marca el inicio formal del proceso, pero no implica que el tribunal haya establecido la existencia de daño ambiental ni responsabilidad de las partes demandadas. El siguiente paso será la notificación de la demanda al Fisco de Chile, Lundin Mining SpA, Compañía Contractual Minera Candelaria y Compañía Contractual Minera Ojos del Salado, que luego podrán contestar la acción.
A partir de esa etapa, el tribunal deberá revisar antecedentes técnicos, ambientales y jurídicos para determinar si el daño denunciado por los vecinos efectivamente existe. En caso de acreditarse, la causa podría derivar en la condena del o los responsables a ejecutar medidas de reparación material, prevención y seguimiento ambiental.
Tierra Amarilla vuelve a exigir respuestas
La demanda vuelve a instalar a Tierra Amarilla en una discusión sensible para la minería chilena: cómo compatibilizar operaciones, residuos mineros, fiscalización estatal y vida urbana en territorios históricamente vinculados a la extracción. Para los vecinos, el proceso representa una vía institucional para exigir información, control y medidas verificables frente a eventuales impactos acumulados.
El caso será seguido de cerca por comunidades, empresas, autoridades y actores ambientales de Atacama, porque toca una pregunta de fondo para los territorios mineros: qué ocurre cuando la ciudad crece junto a faenas, botaderos o depósitos, y quién debe responder cuando los habitantes acusan que esa convivencia afecta su salud, su entorno y su forma de habitar el territorio.