Por Patricio Cartagena D., presidente de CAMMIN, abogado y ex vicepresidente ejecutivo de Cochilco
Durante décadas, el debate sobre la minería en Chile ha girado en torno a una pregunta esencial: cómo asegurar que la riqueza generada por esta actividad estratégica se traduzca en desarrollo real para los territorios donde se produce. No se trata únicamente de extraer recursos y generar ingresos fiscales, sino de construir un modelo de minería responsable capaz de generar valor económico y, al mismo tiempo, bienestar tangible para las regiones y comunas del país.
En ese contexto, la implementación de la Ley N°21.591 de 2023, conocida como Ley sobre Royalty a la Minería, representa probablemente uno de los cambios institucionales más relevantes en la política minera chilena de los últimos años. Su importancia no radica solo en haber establecido un nuevo esquema de tributación para la gran minería del cobre, sino en haber incorporado de manera explícita una dimensión territorial en la distribución de los recursos generados por la actividad minera.
La lógica detrás del nuevo sistema es clara: una parte significativa de la renta minera se redistribuye hacia regiones y municipios, fortaleciendo su capacidad de inversión pública y permitiendo que el desarrollo de la industria tenga efectos más visibles en los territorios.
Un nuevo ciclo en la política minera chilena
Los primeros resultados de este cambio institucional ya comienzan a evidenciarse. Durante 2024 se concretó la primera transferencia de recursos a los municipios mediante un mecanismo transitorio, distribuyéndose más de $93 mil millones a 307 comunas del país, lo que representó una de las mayores inyecciones de recursos directos al sistema municipal en los últimos años.
A partir de 2025 el sistema comienza a operar plenamente. Ese año se proyectó una distribución superior a $218 mil millones entre más de 300 comunas, beneficiando a cerca del 90% de los municipios del país y a millones de personas a lo largo del territorio nacional.
Desde una perspectiva estructural, el sistema contempla distintos instrumentos de distribución territorial, entre ellos:
- Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo
- Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial
- Fondo de Comunas Mineras
En conjunto, estos mecanismos canalizan aproximadamente US$450 millones anuales hacia regiones y gobiernos locales, fortaleciendo su capacidad de inversión pública y planificación territorial. Las estimaciones fiscales indican que el sistema podría generar alrededor de US$2.000 millones anuales de recaudación, dependiendo del ciclo del cobre.
Hacia una gobernanza territorial de la minería
Este rediseño institucional introduce un elemento particularmente relevante en la política minera chilena: la posibilidad de avanzar hacia una gobernanza territorial de la minería.
Durante décadas, uno de los principales cuestionamientos al desarrollo extractivo —no solo en Chile, sino en distintas partes del mundo— ha sido la distancia entre el valor económico generado por los recursos naturales y la percepción de beneficios en las comunidades cercanas a las operaciones productivas.
El royalty avanza precisamente en cerrar esa brecha. Permite vincular de manera más directa el desarrollo de la minería con el financiamiento de infraestructura pública, desarrollo urbano, equipamiento social y proyectos de inversión que impacten concretamente en la calidad de vida de las personas.
Sin embargo, como ocurre con toda política pública relevante, el verdadero desafío no está solo en el diseño de la norma, sino en la calidad de su implementación.
El desafío de la gestión y la transparencia
En esta nueva etapa, el paso siguiente consiste en optimizar la forma en que estos recursos se gestionan en los territorios.
La experiencia internacional muestra que los mecanismos de redistribución de rentas provenientes de recursos naturales logran consolidarse cuando se orientan hacia proyectos bien diseñados, con impacto real en el desarrollo local y ejecutados bajo altos estándares de gestión pública.
En primer lugar, será fundamental que los gobiernos regionales y los municipios orienten estos recursos hacia iniciativas con efectos estructurales en los territorios. Infraestructura habilitante, conectividad, recuperación de espacios públicos, infraestructura hídrica, equipamiento urbano, desarrollo productivo local o innovación territorial son ejemplos de proyectos capaces de generar beneficios sostenibles para las comunidades.
En este esfuerzo, los esquemas de colaboración público-privada pueden transformarse en herramientas relevantes para fortalecer la capacidad de ejecución local. Un ejemplo de ello es el acuerdo de cooperación suscrito entre la Municipalidad de Sierra Gorda y la Cámara Minera de Chile, que establece un marco de colaboración técnica e institucional para impulsar el desarrollo económico, social, educativo y cultural de la comuna, aprovechando de manera eficiente los recursos provenientes del royalty.
Una oportunidad para fortalecer la legitimidad de la minería
En segundo término, resulta indispensable consolidar altos estándares de transparencia y rendición de cuentas en el uso de estos recursos públicos.
La legitimidad de este instrumento —y en parte del propio desarrollo minero— dependerá de que la ciudadanía pueda conocer con claridad cómo se asignan y ejecutan los fondos provenientes del royalty.
En esta materia, el rol del Consejo para la Transparencia será particularmente relevante para asegurar que la información sobre el destino de estos recursos sea pública, accesible y verificable.
Precisamente allí se juega una parte importante del éxito de esta política pública. Si los recursos del royalty se traducen en proyectos bien concebidos, ejecutados con eficiencia y gestionados con plena transparencia, el país habrá dado un paso significativo hacia un modelo de minería responsable, donde el desarrollo del sector se vincule de manera directa con el bienestar de los territorios.
Una política que debe trascender los ciclos políticos
Las buenas políticas públicas en minería —aquellas que logran equilibrar crecimiento económico, desarrollo territorial y legitimidad social— deben ser capaces de trascender los ciclos políticos.
El sistema de royalty abre una oportunidad concreta para avanzar en esa dirección: financiar proyectos con impacto real en los territorios y hacerlo bajo estándares exigentes de transparencia y rendición de cuentas.
Si esos principios se consolidan, Chile no solo habrá incorporado un nuevo instrumento fiscal, sino que habrá dado un paso sustantivo hacia una verdadera gobernanza territorial de la minería, donde el valor generado por la actividad minera se traduzca de manera visible en desarrollo para las comunidades.
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