Por José Miguel Ansoleaga V. Director ejecutivo Rēplica
Durante años, buena parte de la conversación minera ha tratado la sostenibilidad como una agenda paralela al negocio. Un ámbito necesario, deseable, incluso obligatorio, pero muchas veces separado de las decisiones duras de inversión, operación, riesgo y rentabilidad.
Ese enfoque está quedando obsoleto.
La gran minería chilena ya no enfrenta desafíos ambientales, sociales o territoriales por separado. Enfrenta una tensión estructural donde agua, energía, relaves, comunidades, proveedores, empleo local, cambio climático y gobernanza territorial forman parte de un mismo problema estratégico: cómo sostener operaciones de largo plazo en territorios cada vez más exigentes, tensionados y observados.
El error más común ha sido tratar la sostenibilidad como gasto.
Cuando una compañía minera entiende la sostenibilidad solo como cumplimiento normativo, inversión social, reporte ESG o gestión reputacional, la instala inevitablemente en una posición débil dentro de la organización. La obliga a competir con proyectos operacionales, expansiones, eficiencia productiva o inversión en activos críticos. Y, en esa competencia, casi siempre pierde.
No porque la sostenibilidad no importe, sino porque no se ha traducido adecuadamente al lenguaje donde se toman las decisiones estratégicas: continuidad operacional, riesgo, flujo de caja, CAPEX, OPEX, EBITDA, costo de capital y valor de largo plazo.
Ese es el punto central.
La sostenibilidad minera no debería defenderse solo porque “es importante” o porque “la sociedad lo exige”. Debe defenderse porque una mala gestión del agua puede retrasar proyectos, encarecer operaciones, tensionar relaciones territoriales y aumentar riesgo regulatorio.
Porque una mala relación con comunidades puede derivar en judicialización, paralizaciones o pérdida de legitimidad. Porque un relave mal integrado territorialmente no es solo un pasivo ambiental: es un riesgo financiero, reputacional y político.
La sostenibilidad no está fuera del negocio. Está dentro del negocio, aunque muchas veces no aparezca con ese nombre en el estado de resultados. La pregunta, entonces, no es cuánto debe invertir la minería en sostenibilidad. La pregunta correcta es otra: ¿cuánto valor está perdiendo por no diseñarla estratégicamente?
En la práctica, muchas compañías ya destinan recursos relevantes a iniciativas sociales, ambientales, comunitarias o territoriales. El problema es que esas iniciativas suelen estar fragmentadas, débilmente conectadas al modelo de negocio y mal traducidas en términos de retorno.
Se mide el monto invertido, pero no siempre el riesgo reducido. Se reportan actividades, pero no necesariamente cambios estructurales. Se comunican compromisos, pero no siempre se demuestra cómo esas decisiones protegen continuidad, reducen costos futuros o habilitan nuevas oportunidades.
Ahí aparece una brecha crítica para la minería chilena: la distancia entre sostenibilidad declarada y sostenibilidad estratégicamente diseñada.
Una estrategia de sostenibilidad robusta debería responder al menos cuatro preguntas.
Primero: ¿qué riesgo operacional, territorial, ambiental o regulatorio estamos reduciendo?
Segundo: ¿qué valor social, ambiental o económico estamos generando en el territorio?
Tercero: ¿cómo se conecta ese valor externo con valor interno para la compañía?
Y cuarto: ¿qué gobernanza asegura que esto no dependa de voluntades individuales, ciclos políticos o presupuestos discrecionales?
Sin esas preguntas, la sostenibilidad queda atrapada en el lenguaje de las buenas intenciones. Con esas preguntas, entra al centro de la estrategia minera.
Esto es especialmente relevante en Chile, donde la minería opera en territorios con alta sensibilidad hídrica, fuerte presencia de comunidades, dependencia económica local, brechas urbanas, tensiones laborales y creciente presión por estándares internacionales.
En ese contexto, la legitimidad territorial no se obtiene por cumplir la normativa mínima ni por financiar proyectos aislados. Se construye cuando la operación demuestra, en el tiempo, que genera más valor del que extrae, que reduce impactos críticos y que participa de una arquitectura de desarrollo territorial creíble.
La licencia social para operar, entendida como aceptación o tolerancia, ya no basta. La minería necesita legitimidad social de sus operaciones. Y esa legitimidad debe sostenerse con evidencia, gobernanza y resultados, no solo con relato.
Por eso, la sostenibilidad minera debe dejar de ser tratada como una función periférica. No puede ser solo asunto de comunicaciones, comunidades o reportabilidad. Debe sentarse en la misma mesa que operaciones, finanzas, abastecimiento, planificación, riesgos y estrategia corporativa.
El desafío de fondo no es hacer más sostenibilidad. Es hacerla mejor. Con mayor rigor, con más integración y con una traducción clara entre impacto y valor.
La minería del futuro no será necesariamente la que más reporte, ni la que más proyectos sociales anuncie, ni la que más compromisos declare. Será la que logre integrar sostenibilidad, territorio y negocio en una misma arquitectura de decisión.
Porque en la minería que viene, la sostenibilidad no será un costo adicional. Será una condición de continuidad, legitimidad y competitividad. Y quienes no logren entenderlo a tiempo descubrirán que no actuar también es una decisión financiera.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor (a) y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de territoriominero.cl