Por José Miguel Ansoleaga V. Director Ejecutivo RĒPLICA
Durante las últimas décadas, la industria minera incorporó con fuerza el concepto de “licencia social para operar”. La idea fue útil. Permitió reconocer que una faena minera no depende solo de permisos ambientales, autorizaciones técnicas o cumplimiento normativo. También requiere aceptación social, relación con comunidades y capacidad de convivir con el territorio donde opera.
Pero hoy ese concepto empieza a quedar corto.
La licencia social para operar suele entenderse como un nivel de aceptación, aprobación o tolerancia de las comunidades frente a una operación. El problema es que esa aceptación puede ser frágil, cambiante y, muchas veces, más cercana al clima de opinión que a una transformación real de la relación entre empresa y territorio.
En minería, eso es especialmente delicado.
Una operación puede tener programas comunitarios activos, mesas de diálogo, inversión social, reportes de sostenibilidad y campañas comunicacionales, y aun así enfrentar desconfianza profunda, conflictos latentes o una percepción territorial de bajo valor compartido. Puede cumplir la normativa y, al mismo tiempo, ser percibida como una actividad que extrae más valor del que deja. Puede contar con canales de relacionamiento y, sin embargo, no tener una gobernanza capaz de tomar decisiones relevantes junto al territorio.
Por eso, la pregunta ya no debiera ser si una operación tiene o no “licencia social”. La pregunta más exigente es otra: ¿tiene legitimidad territorial para sostenerse en el tiempo?
La diferencia no es semántica. Es estratégica.
La licencia social mira principalmente la aceptación. La legitimidad territorial mira el valor neto que una operación genera, protege o destruye en su entorno. La licencia social puede depender de percepción. La legitimidad exige evidencia. La licencia social puede gestionarse desde relacionamiento comunitario. La legitimidad requiere integrar negocio, territorio, impactos, riesgos, gobernanza e inversión de largo plazo.
En otras palabras, la legitimidad territorial no se obtiene con más actividades, más reuniones o más recursos dispersos. Se construye cuando la operación demuestra, de manera sostenida, que contribuye al desarrollo del territorio, reduce impactos críticos, gestiona sus riesgos estructurales y comparte parte del valor que genera.
Ese es uno de los grandes desafíos de la minería chilena.
Los territorios mineros no son espacios vacíos donde se instala una operación productiva. Son sistemas sociales, ambientales, culturales, económicos e institucionales complejos. Tienen historias, memorias de conflicto, brechas de infraestructura, expectativas de empleo, tensiones por agua, presión sobre ciudades de servicios, comunidades rurales, pueblos originarios, proveedores locales y gobiernos locales con capacidades muchas veces limitadas.
Cuando la minería no comprende esa complejidad, tiende a responder con acciones fragmentadas. Un proyecto social por aquí, una mesa de trabajo por allá, una inversión puntual, un programa de empleabilidad, una iniciativa ambiental, una campaña comunicacional. Todas pueden ser valiosas, pero si no están integradas en una arquitectura estratégica, difícilmente construyen legitimidad.
El riesgo es confundir actividad con impacto.
La legitimidad territorial exige pasar de la lógica de proyectos aislados a una lógica de sistema. Eso implica, al menos, cuatro cambios profundos.
El primero es dejar de medir la sostenibilidad por el monto invertido. Durante años, muchas compañías han comunicado cuánto destinan a inversión social o a programas comunitarios. Pero el territorio no evalúa legitimidad solo por presupuesto. Evalúa resultados: calidad de vida, oportunidades económicas, infraestructura, confianza, seguridad hídrica, mitigación de externalidades, participación efectiva y continuidad de los compromisos.
El segundo cambio es incorporar gobernanza real. La participación sin poder de decisión termina generando frustración. Las mesas sin financiamiento pierden credibilidad. Los planes sin continuidad institucional se diluyen con los ciclos políticos o los cambios ejecutivos. La legitimidad requiere reglas, responsabilidades, financiamiento, seguimiento y capacidad de decisión compartida.
El tercer cambio es conectar la estrategia territorial con el negocio. Si el territorio queda fuera de las decisiones de inversión, abastecimiento, empleo, proveedores, riesgo y operación, la sostenibilidad seguirá siendo periférica. La legitimidad territorial no puede depender únicamente del área de comunidades. Debe ser parte de la estrategia corporativa, de la gestión de riesgos y de la planificación de largo plazo.
El cuarto cambio es medir valor. La minería necesita demostrar no solo qué actividades ejecuta, sino qué valor genera hacia fuera y qué valor protege hacia dentro. Una mejor relación territorial puede reducir conflictividad, evitar retrasos, disminuir judicialización, fortalecer continuidad operacional y mejorar condiciones para nuevas inversiones. Eso no es filantropía. Es valor estratégico.
Desde RĒPLICA hemos planteado que este cambio exige pasar desde una sostenibilidad administrada como función periférica hacia una sostenibilidad diseñada como arquitectura estratégica. En nuestra mirada, la legitimidad territorial no puede evaluarse solo por percepción, inversión social o número de actividades comunitarias. Debe observarse en la capacidad de una operación para integrar desempeño ESG, impacto social, ambiental y económico en el territorio, y valor económico interno asociado a continuidad operacional, reducción de riesgos y mejores decisiones de inversión.
Esa integración es precisamente lo que ordena el enfoque i4+®: conectar sostenibilidad, territorio y negocio en un mismo sistema de decisión. Porque cuando la sostenibilidad no se traduce a riesgo, retorno, gobernanza y valor, queda expuesta a ser tratada como gasto. Y cuando queda atrapada como gasto, pierde capacidad real de transformar la relación entre minería y territorio.
Por eso, hablar de legitimidad territorial no significa suavizar la exigencia hacia la minería. Al contrario, la aumenta. Obliga a dejar atrás una mirada transaccional donde la empresa “compensa” al territorio por operar, y avanzar hacia una lógica donde la operación se entiende como parte de un sistema de desarrollo.
Esto también cambia la conversación con las comunidades. No se trata solo de preguntar qué proyecto financiar. Se trata de construir una visión compartida sobre qué tipo de desarrollo territorial tiene sentido, qué impactos deben ser mitigados, qué capacidades locales deben fortalecerse y qué mecanismos permitirán sostener los acuerdos en el tiempo.
En un contexto de cambio climático, escasez hídrica, presión regulatoria, mayor escrutinio ciudadano y exigencias internacionales sobre desempeño ESG, la legitimidad territorial será cada vez más relevante. No como una aspiración reputacional, sino como una condición de continuidad operacional y competitividad.
La minería chilena tiene una oportunidad. Puede seguir hablando de licencia social como si se tratara de aceptación comunitaria, o puede avanzar hacia un estándar más exigente: demostrar, con evidencia, gobernanza y resultados, que su presencia en el territorio genera valor neto de largo plazo.
La diferencia entre ambos enfoques será cada vez más visible. La licencia social puede permitir operar por un tiempo. La legitimidad territorial permite sostenerse en el tiempo.
Y en la minería que viene, esa legitimidad no será un activo reputacional: será una condición estratégica de continuidad, inversión y creación de valor.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor (a) y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de territoriominero.cl