Por: Juan Guillermo Walker. CEO y fundador de FreePower Group
El reciente anuncio del Gobierno de Chile sobre un importante paquete de apoyo para el hidrógeno verde y sus derivados es, sin duda, una señal potente. La intención de fomentar la demanda es valiosa, pero debemos reconocer una realidad incómoda: el problema de esta industria hoy no está en la producción, sino en la falta de competitividad frente a los combustibles fósiles.
La oferta ha crecido con fuerza, pero el consumo sigue rezagado, principalmente por el diferencial de costos. Tomemos el amoníaco como ejemplo: producir una tonelada a partir de gas natural cuesta entre 300 y 400 dólares; con hidrógeno verde, esa cifra fácilmente supera los 600 o 700 dólares, e incluso llega a los 1.000 en algunos proyectos.
Esta brecha frena la sustitución de productos con alta huella de carbono, aunque el impacto ambiental sea evidente: la industria global del amoníaco, con 200 millones de toneladas anuales, es responsable del 2% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Las soluciones existen, pero requieren visión estratégica. Podemos capturar CO₂ en los procesos actuales —encareciendo la operación— o apostar por electrólisis con energías renovables, un camino más limpio, pero aún costoso y muy intensivo en energía: se necesitan entre 50 y 55 kWh por kilo de hidrógeno. El foco, entonces, debe ser la innovación tecnológica para reducir el consumo. Si bajamos de 55 a 30 kWh, el costo podría caer de 4 a 2 dólares por kilo, cambiando radicalmente el panorama.
En vez de centrar el esfuerzo inicial en subsidios a la demanda, propondría priorizar el financiamiento a investigación y desarrollo. Corfo ya cuenta con instrumentos de este estilo que podrían complementarse con recursos de la banca multilateral o inversión directa del Estado, orientados a licenciar o desarrollar tecnologías que permitan obtener amoníaco directamente de nitrógeno y agua sin pasar por hidrógeno como intermediario.
También es clave revisar los costos sistémicos. En el norte, un productor conectado al sistema eléctrico nacional debe pagar cargos de hasta 15 dólares por MWh, aun cuando reciba la energía gratis. Eximir de estos pagos a proyectos de hidrógeno sería un avance. Igualmente, deberíamos incentivar el uso de infraestructura compartida, con estímulos tributarios que reduzcan inversiones duplicadas y los impactos ambientales.
Chile tiene la oportunidad de convertir regiones rezagadas en polos de desarrollo sostenible, especialmente en Magallanes, donde la infraestructura es limitada y las comunidades buscan nuevas fuentes de dinamismo tras el declive del petróleo y el gas.
Pero para lograrlo no basta con construir plantas: hay que garantizar su operación a largo plazo, con caminos, puertos, servicios y planificación territorial. Como FreePower Group, estamos desarrollando proyectos como Cabeza de Mar, Frontera y Punta Patache en el norte del país.
El hidrógeno verde seguirá el mismo camino que las energías renovables: de ser una apuesta más costosa a convertirse en alternativa competitiva gracias a la innovación y economías de escala. Si entendemos que la prioridad es mejorar la tecnología y reducir costos, mañana podremos hablar de subsidios que tengan sentido y de una industria que se sostenga por sus propios méritos.
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