Por Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile
La Contraloría General de la República resolvió abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama. La decisión responde a las limitaciones institucionales de la Contraloría, cuyo rol es investigar, pero no sancionar ni cuestionar decisiones judiciales.
La resolución marca un punto de inflexión en el debate político y económico sobre el litio en Chile, luego de diversos argumentos expresados por actores que buscaban impedir el contrato. En este contexto, resulta relevante que la Contraloría delimitara su marco de actuación, señalando que no intervendrá donde la justicia ya se pronunció, pero sí ejercerá facultades de fiscalización en ámbitos donde existan dudas sobre la regularidad de procedimientos y contratos asociados al acuerdo por el litio.
Cabe recordar que la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema confirmaron que la ley autoriza a Codelco a desarrollar actividades vinculadas a minerales no ferrosos, incluido el litio.
Desde esta perspectiva, considero que la Contraloría cumplió adecuadamente su rol fiscalizador, y ahora corresponde al Gobierno y al Congreso avanzar en decisiones que equilibren desarrollo económico, transparencia y probidad. Este dictamen no debe transformarse en un freno al desarrollo, pero tampoco puede ignorarse la necesidad de fortalecer los estándares de transparencia en la gestión de recursos estratégicos.
Asimismo, es fundamental insistir en que Chile debe liberar el litio. El país necesita que sus amplias reservas de litio puedan ser explotadas, que se abran espacios a la inversión y que el mineral deje de ser considerado No Concesible, una definición que hoy no se condice con su rol estratégico en la lucha contra el cambio climático y el impulso de la electromovilidad.
Lo que ocurre en torno a este contrato representa una señal preocupante, considerando que el Salar de Atacama es el yacimiento de litio de mayor calidad del país, y que por más de 50 años Chile no ha logrado definir una estrategia clara para su desarrollo. Hoy, el país debería avanzar hacia la producción con valor agregado, como baterías u otros productos tecnológicos.
Chile no resiste mayores niveles de intervención que frenen el desarrollo de la minería, sector clave para el financiamiento fiscal y la proyección internacional del país como potencia minera. Si la justicia ya determinó que el contrato es legal, resulta legítimo preguntarse qué intereses persisten en bloquear su avance. Tanto Codelco como SQM han mostrado avances en sus prácticas y en la incorporación de tecnología, con impactos positivos para el sector y el país.
Finalmente, reitero que la industrialización de los recursos minerales es el camino de futuro para Chile. Es momento de que el país asuma la importancia estratégica del litio, genere condiciones para atraer nuevos inversionistas y avance hacia un desarrollo minero que combine crecimiento, tecnología y sostenibilidad.
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