Por: Ramón Rada Jaman. Director de SUTMIN (Suministradores Técnicos y de Ingeniería para Minería e Industria)
El Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, conocido como “ley de permisología”, que recientemente aprobó el Senado, simplifica 380 permisos en 37 servicios y 16 ministerios. De esta forma, busca modernizar un sistema burocrático mediante herramientas como el silencio administrativo positivo y una plataforma digital.
Aunque se trata de un avance que agiliza aprobaciones; fomenta inversión y empleo; y preserva estándares regulatorios, ofreciendo esperanza para reactivar nuestra economía; la iniciativa omite reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), dejando intactos los cuellos de botella que paralizan proyectos.
En 2024, 23 iniciativas por US$ 3.280 millones quedaron suspendidas, incluyendo nueve hospitales, la Línea 9 del Metro de Santiago, el Metro Valparaíso Quillota-La Calera y la Central Hidroeléctrica Los Lagos, demorada en más de cuatro años pese a estar lista con plena capacidad productiva.
De hecho, datos del Observatorio de Tramitación y Evaluación de Inversiones de la Universidad de Chile revelan que, desde 2006, los proyectos presentados al SEIA cayeron un 68% (de 1.536 a 491), mientras que los tiempos de tramitación aumentaron de 114 a 430 días.
En tanto, la reforma propuesta para el CMN, que amplía su Consejo de 23 a 30 directores y suma más de 100 funcionarios, parece contradecir la urgencia de agilidad, sin garantizar decisiones vinculantes que den certidumbre frente a judicializaciones eventuales.
En este escenario, hay que tener en cuenta que el alza de aranceles al cobre por parte de Estados Unidos, bajo una política proteccionista, reducirá los ingresos para Chile y afectará temporalmente las utilidades de las empresas mineras exportadoras a ese mercado. Codelco -que aportó 260.000 de las 600.000 toneladas de cátodos que importó Estados Unidos en 2024- es una de ellas.
La medida, que encarece commodities y frena la electromovilidad, es un portazo a la industria de vehículos eléctricos, que busca fortalecer un negocio tradicional de Estados Unidos, con un horizonte estratégico que trasciende un período presidencial.
Así, mientras en Chile impulsamos la descarbonización, estos aranceles otorgan un potencial riesgo de escalamiento y retaliación arancelaria, dificultando el acceso a tecnologías más eficientes, limpias y sustentables. Además, aumentan nuestra dependencia de China, que si bien es nuestro principal socio comercial, también es el país más contaminante del mundo, al ser el responsable del 33% de las emisiones globales de CO2.
La permisología ambiental, por su parte, paraliza proyectos de minerales críticos, esenciales para la transición energética global. De esta manera, aranceles y permisología actúan como impuestos a la eficiencia económica, disminuyendo el bienestar y aumentando la pérdida social.
Tal como reza el refrán: “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, las acciones, aunque bien intencionadas, pueden causar daños si no se diseñan con precisión.
Y como “obras son amores y no buenas razones”, Chile debe honrar su tradición de economía abierta, con el respeto irrestricto a los tratados internacionales y evitar dar señales contradictorias que obstaculicen la ya difícil reactivación económica, que no puede esperar más.
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