El presidente de la Asociación Chilena de Desalinización y Reúso (ACADES) advierte que acortar plazos regulatorios es clave para sostener inversiones mineras, urbanas y agrícolas en un escenario de escasez hídrica estructural y mayor presión sobre las fuentes continentales
Antofagasta no solo marcó un hito al convertirse en la primera ciudad de su tamaño en Latinoamérica abastecida 100% con agua de mar. También se transformó en una prueba operacional de que la desalación de agua de mar puede sostener demanda urbana, liberar recursos continentales para la minería y reducir la exposición productiva al cambio climático. En un país con 14 años de déficit hídrico consecutivo, el debate dejó de ser tecnológico y pasó a ser de plazos regulatorios, infraestructura hídrica e inversión.
El contexto que empuja esa transición es claro: menos lluvias, menor disponibilidad en ríos y acuíferos y una demanda creciente de sectores productivos y ciudades. La presión sobre el sistema hídrico dejó de ser coyuntural y pasó a ser estructural, lo que obliga a priorizar soluciones que no dependan del clima y aseguren continuidad operacional, con foco en seguridad hídrica.
Para Alberto Kresse, ingeniero civil, académico y gerente de planificación de Aguas Nuevas, además de presidente de la Asociación Chilena de Desalinización y Reúso (ACADES), la desalación es hoy una pieza clave dentro de una estrategia más amplia de seguridad hídrica, junto con el reúso de aguas y una gestión más eficiente de las fuentes disponibles.
Con una trayectoria ligada a la planificación de infraestructura y la gestión de recursos hídricos, advierte que el país cuenta con capacidades técnicas probadas, pero sigue enfrentando procesos regulatorios excesivamente largos que no conversan con los tiempos de inversión y ejecución de proyectos.
En entrevista con TerritorioMinero.cl, Kresse revisa aprendizajes de proyectos en operación, los debates ambientales en torno a la salmuera y monitoreo ambiental, los costos reales de producir agua de mar y el rol del Estado y los privados. Su conclusión es directa: postergar decisiones hoy equivale a asumir riesgos de abastecimiento mañana.
¿En qué momento está Chile respecto de la crisis hídrica y qué debería hacer frente a este escenario?
Estamos en un punto de inflexión. Chile tiene la capacidad técnica. Lo que necesitamos es decisión y velocidad. Hemos desarrollado proyectos importantes y en Latinoamérica somos líderes en desalinización, pero hoy enfrentamos una urgencia distinta.
El cambio climático se volvió evidente. Hemos vivido condiciones de sequía que no se habían registrado en el siglo XX. Chile acumula 14 años consecutivos bajo los promedios históricos de precipitaciones en la zona central. El año 2019 fue el más seco registrado en Santiago.
Hemos visto que los caudales de los ríos y los niveles de las napas subterráneas han bajado a niveles que se dan una vez cada cien años, es decir, a probabilidades de excedencia del 98% y 99%. Eso nos obliga a replantear cómo garantizamos el suministro de agua hacia adelante, no solo para consumo humano, sino también para sostener actividad productiva e inversión.
Me gustan los números y la ciencia. El cambio climático es evidente y lo estamos viviendo en Chile. Como sociedad debemos enfrentarlo por dos vías y en paralelo: tratar de minimizar su magnitud y hacernos cargo de sus impactos.
Sabemos que está lloviendo menos y que cuando llueve, lo hace con mayor intensidad y en un tiempo menor. En ese escenario debemos garantizar agua de la forma más eficiente posible. Esa es la seguridad hídrica, y una forma relevante de lograrlo es contar con fuentes robustas e independientes de las condiciones climáticas, como la desalación de agua de mar.
¿La desalinización debe entenderse como la solución principal o como parte de un portafolio más amplio de alternativas?
Estamos abiertos a cualquier tecnología que entregue agua segura. El reúso de aguas servidas, por ejemplo, puede ser muy eficiente. En Chile tratamos prácticamente el 100% de ellas, pero muchas veces esas aguas no tienen un segundo uso y van al mar.
Si es más barato y técnicamente viable reutilizarlas, bienvenido. El punto es la certeza. Nadie va a invertir en un proyecto habitacional, agrícola, industrial o minero si no tiene seguridad de que contará con agua en los próximos años y a un costo relativamente predecible.
Desde una mirada sectorial, ¿cómo se distribuye hoy el uso del agua continental y dónde se generan las mayores tensiones?
Aproximadamente el 80% del agua continental se destina a la agricultura. Entre un 10% y un 12% va a agua potable, y el resto, alrededor de un 8%, a minería e industria. La agricultura históricamente ha usado ríos y pozos, pero hoy esas fuentes están disminuyendo. Eso genera competencia entre usos cuando hay escasez.
El Código de Aguas prioriza el consumo humano, pero nosotros creemos que la agricultura también es consumo humano, porque produce alimentos.
¿Cuáles son los casos exitosos de desalinización en Chile?
El caso de Antofagasta es emblemático. La sanitaria construyó una planta desaladora para abastecer la ciudad y liberó agua cordillerana que luego vendió a la minería. Ese modelo permitió financiar la inversión.
La planta partió con 100 litros por segundo y hoy supera los 1.200 litros por segundo. Antofagasta se convirtió en la primera ciudad de su tamaño en Latinoamérica que se abastece 100% con agua de mar. La gente recibió agua de mejor calidad y no hubo alzas tarifarias significativas, porque las tarifas están reguladas por el Estado, a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Antes hubo otro caso de éxito con la planta de Tocopilla, construida por Aguas Antofagasta, que también abastece el 100% con agua de mar y con el mismo formato de liberar demanda de la cordillera y venderla a los mineros.
En términos de percepción ciudadana, ¿existe conciencia sobre el costo y el valor estratégico de desalar agua?
Muchas veces uno valora el agua cuando no la tiene. El modelo sanitario chileno ha sido tan eficiente que incluso en el año más seco, la gente tuvo agua. Eso es una buena noticia, pero también nos falta transmitir la importancia y prioridad de la seguridad hídrica.
Desalar es más caro que sacar agua de un río o de un pozo, porque requiere energía. Por mucho que avancemos en renovables y procesos más eficientes, sigue siendo más caro, aunque no tanto más caro. Lo relevante es que ese costo es infinitamente menor al costo de quedarnos sin agua.
¿De qué manera la industria de la desalación mitiga los descartes de la salmuera y qué evidencia existe hoy sobre sus impactos?
La salmuera es básicamente agua de mar con el doble de salinidad y la mitad del volumen. Su descarga ha evolucionado mucho. Hoy se utilizan difusores submarinos que permiten una dilución muy rápida y controlada. A pocos metros del punto de descarga, entre 2 y 10 metros, la salinidad vuelve a ser igual a la del entorno.
Todas las plantas tienen monitoreo ambiental permanente. En Chile hay 24 plantas operando y no son zonas de sacrificio, son zonas con vida marina. Se ha alcanzado un nivel de conocimiento que nos da confianza en que no hay impactos significativos.
Desde el punto de vista regulatorio, ¿cuáles son hoy los principales cuellos de botella para desarrollar un proyecto de desalación?
Se necesita concesión marítima otorgada por la Dirección General del Territorio Marítimo para usar la playa y el fondo marino. Luego viene la evaluación ambiental y múltiples permisos sectoriales, que pueden superar los 200, dependiendo del emplazamiento.
Después están las servidumbres para pasar tuberías. Muchas veces el gran dolor de cabeza no es la planta, sino el transporte. Negociar con cientos de propietarios puede demorar años.
En términos de plazos, ¿la institucionalidad actual está alineada con la urgencia hídrica?
Puede demorar más de 10 años. Eso es demasiado. Si no logramos reducir esos plazos a cinco años, vamos a enfrentar riesgos de abastecimiento. Ciudades como Coquimbo, La Serena, Ovalle, Valparaíso, Viña del Mar y eventualmente Santiago pueden quedar expuestas si no actuamos a tiempo.
¿Qué cambios concretos busca introducir la nueva ley de concesiones de desalación que se discute en el Parlamento?
Busca ordenar el uso del espacio marítimo y permitir la imposición de servidumbres para transporte, con compensación económica. No es una expropiación, es un derecho a pasar con infraestructura. Eso da mayor certeza y reduce tiempos.
¿Qué modelo debería seguir Chile y qué rol deben tener el Estado, los privados y las redes compartidas?
Es una mezcla. El Estado debe generar condiciones claras, agrupar demanda y facilitar proyectos. Hoy se gastan millones en camiones aljibe para abastecer localidades pequeñas. Si el Estado agrupa esa demanda y garantiza compras mínimas, incentiva proyectos más eficientes. El mercado tiene experiencia y capacidad de ejecución. Lo importante es un marco regulatorio que permita beneficios compartidos.
Sería ideal contar con redes troncales interconectadas, como el sistema eléctrico, donde productores, transportistas y usuarios se conecten a una red común. Eso facilitaría el acceso a pequeños usuarios y generaría eficiencia. Pero tampoco se puede impedir que quien necesite agua desarrolle su propio proyecto si cumple la normativa.
Más allá del debate tecnológico, el diagnóstico es operacional y estratégico: asegurar agua dejó de ser un problema sectorial y pasó a ser una condición para sostener inversión, operación y desarrollo. La experiencia del norte muestra que existen soluciones, pero también que los permisos que demoran diez años siguen siendo el factor crítico.
La ventana de oportunidad está abierta, pero no es infinita. Cada año de retraso incrementa los riesgos de abastecimiento y reduce márgenes de maniobra. La seguridad hídrica ya no es una opción estratégica: es una necesidad para la continuidad operacional del país.