El proceso de definición de Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad enfrenta su primera gran controversia. La delimitación del Sitio SP1-055 “Zona del Desierto Florido”, impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) bajo la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), ha generado cuestionamientos por la falta de evidencia técnica y transparencia metodológica.
El caso, expuesto por la Corporación Atacama Sostenible, revela inconsistencias que ponen en entredicho el rigor del proceso. Según el expediente, la propuesta abarca más de 615 mil hectáreas, es decir, diez veces la superficie del Parque Nacional Desierto Florido, creado apenas un año antes.
“No cuestionamos la conservación, sino la forma en que se está implementando”, señala Daniela Rojas Escobar, abogada y presidenta de la Corporación. “Declarar un sitio prioritario sin evidencias completas ni consulta técnica adecuada puede terminar dañando la credibilidad del propio SBAP. Tampoco cuestionamos el propósito, sino la ausencia de un método transparente y verificable”, advierte.
Organizaciones locales piden transparencia y evidencia científica
El informe técnico elaborado por la Corporación Atacama Sostenible identificó que el expediente del Sitio Prioritario omitió un componente esencial: el estudio de conflictos de uso, exigido por la Resolución Exenta N.º 326 del propio ministerio. Este documento define la compatibilidad entre los usos productivos existentes —como minería, energía y agricultura— y los objetivos de conservación.
“La conservación no puede ser un acto de fe”, afirma un representante de CeAtacama, empresa socia de la corporación. “Debe ser un ejercicio fundado en la ciencia, la evidencia y la transparencia. Lo que está en juego no es la conservación, sino la credibilidad del proceso. No se puede declarar un sitio prioritario sin estudios técnicos ni participación informada”, enfatiza.
El Ministerio del Medio Ambiente, tras recibir más de 400 observaciones, extendió el plazo de la consulta pública nacional, reconociendo así la magnitud de las dudas planteadas. En regiones como Atacama, donde la biodiversidad y la actividad minera coexisten, el equilibrio entre conservación y desarrollo es particularmente sensible.
“Chile necesita conservar, pero también necesita producir con responsabilidad”, agrega Rojas. “La sustentabilidad no se decreta: se construye con diálogo, con datos y con respeto por la diversidad territorial”, sostiene, apuntando al riesgo de decisiones centralizadas sin sustento científico local.
El desafío: proteger sin paralizar los territorios
El Desierto Florido es un fenómeno ecológico único, reconocido por su valor biológico y genético. Sin embargo, su delimitación como Sitio Prioritario —según advierten las organizaciones— debería basarse en datos reales sobre la distribución de ecosistemas, y no extenderse sobre zonas de vocación minera y logística estratégica, contempladas en el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) y la Estrategia Regional de Desarrollo (ERDA 2024-2034).
La Corporación Atacama Sostenible propone avanzar hacia un modelo de zonificación equilibrado, que distinga áreas núcleo de conservación, zonas de amortiguación y espacios de compatibilidad productiva. Esto permitiría que la protección ambiental y el desarrollo económico coexistan bajo reglas claras y verificables, evitando la parálisis de sectores productivos claves para la economía regional.
El debate, que comenzó como una observación técnica, se ha transformado en un test de legitimidad para la nueva institucionalidad ambiental chilena. Su resolución definirá no solo el futuro del Desierto Florido, sino también la confianza en la política pública de conservación que busca implementar el país en las próximas décadas.