Hasta la Asociación Minera de Petorca llegó el vicepresidente de SONAMI, Luis Manuel Rodríguez, junto a la gerente general de la federación gremial, Carolina Vásquez, para explicar el impacto de la Ley N°21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y motivar la participación de los productores en la consulta pública del Ministerio de Medio Ambiente.
El encuentro reunió a cerca de 40 pequeños mineros de Petorca, Cabildo y Putaendo, y fue dirigido por el presidente de la Asociación Gremial Minera de Petorca, Héctor Fuentes, junto al equipo de SONAMI. La actividad se enfocó en informar sobre los efectos que esta normativa podría tener en las faenas existentes y las oportunidades de participación en el proceso de consulta pública.
“Esta es una actividad muy relevante que está haciendo SONAMI para apoyar a sus socios con el fin de que no se vean afectados por la Ley N°21.600 y poner en buen recaudo todas sus propiedades y actividades actuales”, señaló Luis Manuel Rodríguez, vicepresidente de SONAMI.
Rodríguez destacó que la federación ha sostenido reuniones con líderes gremiales y autoridades para garantizar que la implementación de la ley logre un equilibrio adecuado entre conservación ambiental y continuidad de operaciones mineras.
“Este es un tema que se viene trabajando desde hace un tiempo y buscamos que el proceso logre un equilibrio que permita proteger tanto los ecosistemas como las actividades productivas existentes”, agregó Rodríguez.
Concesiones mineras y sitios prioritarios
SONAMI identificó 301 instalaciones mineras ubicadas dentro de sitios prioritarios, distribuidas en 62 en la macrozona norte y 239 en la macrozona centro. Asimismo, se detectaron más de 8.900 concesiones afectadas, incluyendo 4.200 solo en la macrozona norte, lo que podría implicar restricciones operacionales, mayores requisitos para permisos sectoriales y medidas de compensación ambiental.
“Esperamos que esta conversación tenga frutos y que los mineros puedan participar, porque es el momento de resaltar el impacto que tiene la definición de sitios prioritarios en el sector”, indicó Héctor Fuentes, presidente de la Asociación Minera de Petorca.
Fuentes subrayó la importancia de unirse y levantar alertas sobre las iniciativas legales que se discuten en el parlamento, para que la normativa considere las particularidades de las operaciones mineras locales y el impacto económico en las comunidades.
Participación y consulta pública
El llamado principal de SONAMI y de los gremios mineros es que los productores formen parte activa de la consulta pública, contribuyendo con información y comentarios sobre la afectación de concesiones y faenas. La participación ciudadana es un mecanismo clave para equilibrar protección ambiental, desarrollo económico y seguridad jurídica de los mineros.
“Contar con información precisa y participar en la consulta pública permitirá que las medidas que se adopten sean realistas, equitativas y protejan tanto los ecosistemas como las inversiones existentes”, concluyó Rodríguez.
La Ley N°21.600 busca crear herramientas de gestión de biodiversidad y áreas protegidas, pero la implementación requiere considerar los efectos sobre la actividad productiva y las comunidades locales, especialmente en regiones con alta densidad de concesiones mineras.