En su presentación ante la Comisión de Cultura del Senado, el gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda, expuso siete medidas que el gremio considera necesarias para mejorar el proyecto de ley de Patrimonio Cultural actualmente en discusión.
Según explicó, estas recomendaciones buscan equilibrar la protección del patrimonio cultural con el desarrollo económico, en línea con los objetivos que plantea la propia iniciativa.
Entre las principales propuestas, el Consejo Minero sugiere realizar análisis obligatorios de impacto económico y social antes de declarar un bien como patrimonio cultural. También se plantea la necesidad de ampliar la participación ciudadana, especialmente para quienes puedan verse afectados por dichos reconocimientos, e incorporar la intervención de otros ministerios —como Economía, Obras Públicas o Energía— cuando las decisiones involucren sus competencias.
Otra de las recomendaciones es reducir de 39 a 17 los integrantes del futuro Consejo de los Patrimonios Culturales, con el fin de facilitar la operatividad del órgano. Asimismo, se propone establecer criterios más objetivos para determinar la relevancia patrimonial, y exceptuar de nuevos protocolos indígenas a aquellos proyectos que ya hayan sido sometidos a una consulta indígena en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Inquietudes del sector minero sobre impacto normativo
Carlos Urenda valoró dos elementos contenidos en el proyecto: la descentralización de las autorizaciones arqueológicas y paleontológicas hacia las Direcciones Regionales del nuevo Servicio Nacional de Patrimonios Culturales, y la participación de los Ministerios de Economía y Hacienda en la definición del reglamento que fijará la relevancia patrimonial de hallazgos arqueológicos.
No obstante, el ejecutivo advirtió que estas mejoras “son anuladas con creces” por otros aspectos del texto legal. A juicio del Consejo Minero, el proyecto actual contiene definiciones patrimoniales excesivamente amplias, procedimientos que no contemplan la participación efectiva de terceros afectados y posibilidad de establecer medidas de salvaguardia sin limitaciones, lo que puede traducirse en obstáculos para el desarrollo económico y de infraestructura.
El gremio también manifestó preocupación por la regulación del patrimonio cultural inmaterial e indígena, destacando que sus definiciones amplias y procedimientos cerrados pueden “generar desequilibrios importantes en la ponderación de diversos intereses públicos y privados”.
Además, alertó sobre la creación de protocolos indígenas adicionales, incluso cuando los proyectos ya hayan cumplido con la consulta indígena en el SEIA, generando duplicidades que afectarían los tiempos de tramitación.
Urenda concluyó que el actual diseño institucional —centrado en el Consejo de Monumentos Nacionales— “constituye un cuello de botella para el desarrollo de proyectos de inversión”, situación que estaría ampliamente documentada y sobre la cual existiría consenso.