La Cámara Minera de Chile valoró la decisión del Gobierno de retirar el listado de sitios prioritarios en el marco de la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), medida que reactiva el debate sobre regulación ambiental, competitividad y condiciones para la inversión en el país. El gremio destacó que la definición permitirá destrabar iniciativas mineras y avanzar en un marco más claro para la evaluación de proyectos.
“Esta decisión es un paso importante para el desarrollo de la industria minera en Chile”, afirmó Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile. Según el dirigente, la medida abre espacio para reactivar proyectos relevantes para el crecimiento económico y para la generación de empleo en las regiones mineras, donde la actividad extractiva continúa siendo uno de los motores productivos más significativos.
Además, enfatizó que la minería aporta recursos esenciales para la transición energética y la demanda internacional de minerales críticos.
Impacto del retiro del listado en la inversión y los territorios
La Cámara sostuvo que la eliminación del listado genera un escenario más predecible para nuevos proyectos, especialmente en zonas donde la exploración y expansión de operaciones se encontraba en proceso de evaluación. En ese sentido, la decisión del Gobierno fue interpretada como una señal hacia la reactivación de la inversión, en un contexto donde autoridades regionales y comunidades esperan mayor dinamismo económico.
Viera relevó también el valor del diálogo entre el sector público y privado como mecanismo para ajustar criterios regulatorios. “Destacamos el trabajo conjunto para conciliar desarrollo económico y protección ambiental”, señaló, subrayando que la búsqueda de acuerdos permite mejorar los instrumentos de gestión territorial y fortalecer la confianza entre actores locales.
Desde la perspectiva gremial, la eliminación del listado de sitios prioritarios no implica renunciar a estándares ambientales, sino avanzar hacia una regulación que considere condiciones técnicas, participación temprana y análisis territorial. La Cámara reiteró que la minería responsable es posible, siempre que existan reglas claras y procesos de evaluación coherentes con las realidades productivas de cada región.
Desafíos para la regulación y el desarrollo sostenible
El gremio proyectó que este paso podría abrir una nueva etapa de discusión sobre cómo equilibrar protección ambiental, certeza jurídica y competitividad. La Cámara Minera espera que esta decisión sea “un punto de partida para seguir construyendo un entorno favorable para la inversión, con regulaciones que fortalezcan el desarrollo sostenible y la operación segura en todo el territorio”.
El sector estima que, en un escenario global que exige minerales clave para tecnologías limpias, Chile debe asegurar un marco regulatorio moderno y eficiente. La decisión del Gobierno, afirmó el gremio, contribuye a ese objetivo al permitir continuar evaluando proyectos estratégicos que pueden aportar recursos, innovación y empleos para las regiones mineras.