El presidente de CORPROA plantea que la minería debe profundizar su vínculo con los territorios, acelerar inversiones, fortalecer proveedores regionales y convertir el royalty, la infraestructura y la innovación en beneficios visibles y duraderos para las comunidades
La minería chilena ha incorporado nuevas tecnologías, mayor automatización, energías renovables y soluciones para reducir el consumo de agua continental. Sin embargo, para Juan José Ronsecco, presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, CORPROA, la transformación que viene será también territorial: cuánto del crecimiento de la industria logra convertirse en capacidades permanentes en las regiones donde opera.
Desde Atacama, una de las principales regiones mineras del país, Ronsecco advierte que la competitividad enfrenta presiones vinculadas con el envejecimiento de los yacimientos, las menores leyes minerales y los tiempos de tramitación de nuevos proyectos. Pero plantea que recuperar inversión no basta si los territorios no perciben sus efectos en empleo, proveedores locales, infraestructura y calidad de vida.
En esta entrevista con Territorio Minero, el presidente de CORPROA aborda las brechas ambientales pendientes, la relación con las comunidades y el papel que deberían asumir empresas, Estado y gobiernos regionales para que la minería impulse un desarrollo capaz de permanecer más allá de la vida útil de las faenas.
¿Cuáles han sido los principales avances de la minería chilena en sostenibilidad, medio ambiente y relación con los territorios?
La minería chilena ha demostrado un dinamismo y un compromiso sin precedentes con la transformación estructural de sus operaciones. Los avances más relevantes no solo se reflejan en el sostenimiento de nuestra competitividad técnica y productiva, sino en la adopción sostenida de la innovación tecnológica, la electromovilidad y la automatización.
Esta evolución estratégica ha permitido optimizar procesos, elevar significativamente los estándares de seguridad para nuestros trabajadores y mantener a Chile como protagonista de la transición energética global como uno de los principales proveedores de los minerales críticos que el mundo requiere para la descarbonización.
En materia de sostenibilidad y medio ambiente, la industria ha consolidado una verdadera revolución verde basada en dos ejes prioritarios: la eficiencia hídrica y la matriz energética limpia. Destaco especialmente cómo la minería ha sabido desacoplarse progresivamente del consumo de agua continental mediante la incorporación de agua de mar desalada y el aumento constante en las tasas de recirculación. Asimismo, la migración hacia contratos de suministro eléctrico 100% renovable ha permitido reducir la huella de carbono operacional.
Finalmente, la transformación más profunda se ha dado en la relación con los territorios y sus comunidades. Hemos dejado atrás el antiguo paradigma puramente asistencialista para construir un modelo basado en el valor compartido, la participación y el desarrollo dinámico de los proveedores locales.
Para regiones como Atacama, este cambio cultural implica que cada proyecto minero se convierte en un verdadero motor de desarrollo económico local, promoviendo el encadenamiento productivo con nuestras empresas regionales, fomentando la empleabilidad e impulsando capacidades de largo plazo que trasciendan la vida útil de las faenas.
Más allá de esos avances, ¿cuál es hoy el principal desafío para una minería sostenible, competitiva y con legitimidad territorial?
El principal desafío no reside en un único aspecto operativo, sino en la capacidad de impulsar un desarrollo territorial inclusivo y de largo plazo. Para mantener el liderazgo global ante el envejecimiento de los yacimientos y las menores leyes de mineral, la industria requiere elevar de forma acelerada sus niveles de productividad, competitividad e inversión, pero esto solo será viable si va acompañado de certezas institucionales y un pacto social sólido en las regiones donde opera.
La competitividad de Chile está seriamente amenazada por la incertidumbre jurídica y los extensos plazos de tramitación ambiental e institucional. La legitimidad no se logra multiplicando trabas burocráticas, sino asegurando procesos de evaluación robustos, transparentes y predecibles.
Necesitamos un Estado que acompañe de manera eficiente la transición hacia procesos productivos más verdes, incentivando activamente la adopción de nuevas tecnologías, la economía circular y la descarbonización, en lugar de ralentizarlas.
El verdadero reto es garantizar que la riqueza generada por la minería se traduzca de forma tangible y permanente en bienestar para los habitantes de regiones mineras. Esto exige potenciar el encadenamiento productivo local, fortalecer la capacidad técnica de los proveedores regionales, dinamizar el empleo local con mayor equidad e invertir en infraestructura social y capacidades que perduren más allá del ciclo de vida de los proyectos.
¿Dónde debe avanzar con mayor urgencia la industria en materia ambiental y qué brechas permanecen abiertas?
En materia ambiental, la urgencia de la industria se centra en acelerar la transición hacia una gestión circular del agua y de los residuos mineros. Si bien la incorporación del agua de mar desalada ha sido un avance sustancial, la urgencia actual radica en el acceso universal y eficiente al agua en regiones como Atacama, resolviendo la convivencia entre el consumo humano, la agricultura y las operaciones industriales a través de infraestructura hídrica compartida y multiusuario.
En cuanto a los pasivos y depósitos de relaves, se debe seguir implementado y profundizando las tecnologías para el reprocesamiento y manejo seguro de estos residuos, transformándolos en recursos útiles dentro de esquemas de economía circular.
Respecto a las emisiones, aunque el consumo eléctrico ya avanza fuertemente hacia fuentes renovables, la brecha que debe abordar la industria está asociada al consumo de combustibles fósiles, donde las soluciones basadas en hidrógeno verde, electrificación intensiva o biocombustibles aún no alcanzan la escala ni la madurez operativa que las metas climáticas al 2030 y 2050 demandan.
Para el sector industrial y minero, principalmente de Atacama, el desafío urgente es acelerar la inversión en innovación tecnológica aplicada, fortaleciendo al mismo tiempo el ecosistema de proveedores locales para que participen de forma activa en la implementación de estas soluciones ambientales avanzadas.
¿Qué debe cambiar o profundizarse en la relación entre minería, comunidades y territorios para construir mayor confianza?
La industria está dando pasos firmes hacia el diálogo temprano para construir relaciones fundadas en una confianza duradera y un genuino valor compartido. No se puede esperar a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental para entablar una conversación con las comunidades. Lo que debe profundizarse es una vinculación transparente y continua desde las primeras fases de cada inversión.
Un cambio estructural prioritario reside en transformar la cadena de valor local en la principal palanca de desarrollo social y económico. El valor compartido deja de ser una declaración conceptual cuando la Industria Minera asume el compromiso de formar, validar e integrar a las PyMES regionales dentro de sus operaciones de manera competitiva y sostenible.
Promover el empleo regional de alta calificación, elevar los estándares de seguridad y tecnología de los proveedores locales y fomentar la equidad de género en faena, son acciones concretas que generan arraigo territorial y fortalecen la legitimidad de la industria ante la ciudadanía.
Finalmente es indispensable potenciar la alianza público-privada donde las mineras, los gobiernos locales, la academia y los gremios empresariales acuerden prioridades de largo plazo para la región.
La confianza no se construye con aportes coyunturales, sino con soluciones sostenibles que aborden las carencias del territorio -como la gestión hídrica, la educación técnica y el equipamiento urbano- garantizando que los beneficios de la minería se traduzcan en una mejor calidad de vida para las familias, tanto durante la operación como más allá del cierre de las faenas.
Mirando hacia la próxima década, ¿qué tendría que ocurrir para que las regiones perciban con mayor claridad los beneficios del desarrollo minero?
Durante décadas se ha percibido una desconexión entre el enorme valor económico que las regiones mineras aportan al país y el estándar de vida e infraestructura que sus habitantes disfrutan diariamente. Para revertir esta percepción, la minería debe dejar de ser vista únicamente como una actividad extractiva y consolidarse ante la opinión pública como la gran plataforma impulsora del progreso integral de las regiones, del país.
Es urgente que los mecanismos de Royalty se traduzcan de manera transparente en obras con impacto de largo plazo y en inversión en I+D regional. Las comunidades deben ver con claridad cómo la actividad minera se materializa en mejores hospitales, conectividad vial e interurbana, acceso a agua potable mediante plantas multiusuario, centros de formación técnica de excelencia, espacios públicos de calidad, ciudades más amables, y por supuesto, desarrollo e investigación que potencie al ecosistema industrial regional.
Esto exige una gestión pública altamente capacitada, donde las capacidades técnicas de los municipios y de los gobiernos regionales se articulen con el sector privado y la academia para acelerar la ejecución de proyectos duraderos.
En segundo lugar, se requiere una apuesta decidida por la transferencia de capacidades tecnológicas y la diversificación de la matriz productiva local. Mirando al 2036, el éxito de la minería en las regiones del país se medirá en función de cuántas empresas locales se hayan transformado en proveedores de bienes y servicios complejos de valor agregado, capaces de exportar innovación, conocimiento y sustentabilidad al resto del mundo; cuánto apalancó la minería a otras industrias como el turismo, la energía, la agricultura y los servicios, por ejemplo.
Cuando una familia comprueba que la minería le brinda un empleo de calidad a sus hijos de manera directa o indirecta, fomenta la creación de empresas locales sólidas e invierte en la infraestructura de su ciudad, la legitimidad social de la industria deja de ser un tema de debate y se convierte en una convicción compartida de orgullo y beneficio regional.
De la riqueza minera a capacidades que permanezcan
La proyección que plantea Ronsecco pone el horizonte más allá del volumen de inversión o de producción. El desafío para las regiones mineras será cuánto de ese ciclo económico consigue transformarse en empresas regionales más sofisticadas, capital humano, infraestructura e innovación, capaces de sostener actividad económica incluso después del cierre de las operaciones.
Atacama aparece bajo esa mirada como un territorio donde esa relación puede ponerse a prueba durante la próxima década: una minería que necesita nuevos proyectos y mayor competitividad, pero cuyo impacto también será evaluado por la capacidad de dejar oportunidades y capacidades permanentes en las comunidades que conviven con la industria.