El presidente ejecutivo del Consejo Minero plantea que el próximo ciclo de crecimiento exige destrabar proyectos sin rebajar estándares ambientales, mientras la industria enfrenta desafíos tecnológicos y territoriales para transformar inversión, empleo y royalty en legitimidad social
La minería chilena enfrenta una ecuación cada vez más exigente: aumentar producción y materializar nuevas inversiones sin retroceder en desempeño ambiental ni perder legitimidad frente a los territorios. Para Joaquín Villarino, esas dimensiones ya no pueden abordarse por separado si Chile pretende mantener su posición en la industria global.
El presidente ejecutivo del Consejo Minero sitúa entre los principales desafíos la demora en el desarrollo de proyectos, una cartera de inversiones que supera los US$104 mil millones y la necesidad de acelerar soluciones tecnológicas que permitan reducir las emisiones directas. A ello suma avances en energías renovables, uso de agua de mar y compromisos de carbono neutralidad.
En conversación con Territorio Minero, en el marco del Especial Mes de la Minería, Villarino analiza también el desafío territorial. Su planteamiento apunta a que inversión, royalty, empleo y proveedores deben traducirse en oportunidades visibles para las regiones, porque la competitividad futura de la minería dependerá también de su capacidad para sostener confianza y generar beneficios concretos en las comunidades.
¿Cuáles han sido los principales avances de la minería chilena en sostenibilidad, medio ambiente y relación con los territorios?
La minería chilena ha logrado avances muy significativos y tangibles en su desempeño ambiental. Actualmente, el 85% de la energía eléctrica contratada por los socios del Consejo Minero proviene de fuentes renovables.
También hemos dado pasos gigantes en eficiencia hídrica; hoy el 45% del agua utilizada en la gran minería proviene del mar y proyectamos que para 2030 esa cifra alcanzará el 70%. A ello se suman iniciativas inéditas como la meta sectorial de alcanzar la carbono neutralidad a 2040, adelantándonos a la exigencia nacional.
Asimismo, la relación con los territorios es hoy mucho más sistemática gracias a alianzas como la red “Compromiso Minero”, que agrupa a más de 100 organizaciones del ecosistema. La sostenibilidad ya no es un ámbito separado del negocio, sino la base sobre la que se diseñan los proyectos. Esto no significa que los desafíos estén resueltos, pero demuestra una transformación profunda que debemos reconocer.
¿Cuál es hoy el principal desafío para compatibilizar crecimiento, competitividad, sostenibilidad y legitimidad territorial?
El principal desafío es destrabar el desarrollo de proyectos y demostrar que una mayor producción puede compatibilizarse con un desempeño ambiental exigente y con beneficios concretos para los territorios.
Hoy enfrentamos un nudo crítico para la competitividad: la permisología. Para que un proyecto minero pase desde su descubrimiento hasta su operación en Chile toma más de 12 años.
Para viabilizar la actual cartera de inversiones que supera los US$ 104 mil millones, es urgente contar con certeza jurídica, reglas claras y un sistema de permisos eficiente y predecible, sin que ello signifique renunciar a nuestros altos estándares ambientales.
La competitividad, la sostenibilidad y la legitimidad social no son objetivos separados, son la base para generar más valor para Chile y sus regiones.
¿Dónde debe avanzar con mayor urgencia la minería en materia ambiental?
La industria ha realizado esfuerzos enormes. El paso más urgente es profundizar la reducción de las emisiones directas, especialmente las asociadas al uso de diésel en equipos de gran escala.
Más que una brecha entre compromisos y resultados, enfrentamos un desafío tecnológico, pues muchas de las soluciones necesarias aún deben alcanzar la madurez requerida para implementarse masivamente.
No obstante, la industria ya está empujando esa frontera tecnológica. Estamos impulsando la incorporación de flotas de apoyo 100% eléctricas y correas transportadoras regenerativas.
Esta transición tiene que acelerarse porque estamos frente a un aumento exponencial en la demanda por minerales críticos: un bus eléctrico requiere hasta 370 kilos de cobre, y un centro de datos para la Inteligencia Artificial (IA) exige entre 27 y 33 toneladas por cada megavatio instalado. Responder a esa demanda global y bajas emisiones es nuestro mandato más urgente.
¿Qué debe cambiar para construir relaciones de mayor confianza y valor compartido con los territorios?
Lograr la confianza de los territorios requiere un trabajo perseverante, transparente y en terreno. Por ello, hemos puesto gran valor en instancias como las sesiones regionales del directorio del Consejo Minero, que nos permiten escuchar tempranamente y de manera directa a autoridades, academia y organizaciones sociales a nivel local.
La participación debe ser incidente, pero, para que exista un verdadero valor compartido, los proyectos deben traducirse en la formación de capacidades. Sabemos que para la próxima década la minería demandará cerca de 34.000 nuevos talentos con fuertes competencias digitales.
La legitimidad a largo plazo se obtiene cuando las comunidades comprueban que estos compromisos de empleabilidad e inclusión se cumplen.
¿Qué debe ocurrir para que las regiones perciban con mayor claridad los beneficios del desarrollo minero?
Es fundamental que una mayor proporción de los beneficios de la minería se traduzca de manera visible en mejores oportunidades y servicios para las regiones productoras. Chile posee el 21% de las reservas mundiales de cobre y el 25% del litio. Estimamos que la contribución fiscal de la minería, vía royalty y tributación general, aporte al país recursos cercanos a los US$ 4.500 millones.
El royalty representa una oportunidad enorme, pero su legitimidad social dependerá de que esos fondos se conviertan efectivamente en inversión comunal, mejor infraestructura y avances reales en la calidad de vida local. Mantener el liderazgo productivo no es un mero título honorífico, sino la clave para financiar políticas públicas y sueldos de calidad.
Al mismo tiempo, la industria debe seguir trabajando con socios fundamentales como los proveedores regionales para fortalecer los encadenamientos productivos y el empleo local. El objetivo no es generar dependencia de una faena, sino construir economías territoriales diversificadas para lograr una relación verdaderamente sólida y sostenible a futuro.
Crecer será también una prueba de legitimidad
El próximo ciclo minero no estará determinado únicamente por la capacidad de Chile para atraer inversiones y materializar proyectos. La industria deberá demostrar que puede producir más mientras reduce impactos, incorpora nuevas tecnologías y convierte su actividad económica en oportunidades reconocibles para las regiones productoras.
La mirada planteada por Villarino sitúa así competitividad, sostenibilidad y legitimidad dentro de una misma ecuación. Mantener el liderazgo minero exigirá proyectos capaces de avanzar con mayor certeza, pero también territorios que perciban en empleo, capacidades, infraestructura y desarrollo local una parte concreta del valor generado por la minería.