En conversación con TerritorioMinero por el Mes de la Minería, el histórico dirigente sindical analiza los desafíos de la industria y advierte que la riqueza generada aún no se traduce plenamente en desarrollo y calidad de vida para los territorios
Raimundo Espinoza conoce la minería chilena desde una posición poco habitual: la de quien durante buena parte de su trayectoria representó a los trabajadores del cobre y, al mismo tiempo, participó de las decisiones de Codelco. Dirigente sindical, ex presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y ex director de la estatal, ha sido testigo de varias de las principales transformaciones de la industria.
En conversación con TerritorioMinero, en el marco del Mes de la Minería, Espinoza revisa los cambios ocurridos durante las últimas tres décadas y pone el foco en los desafíos que, a su juicio, marcarán el futuro del sector: tecnología e inteligencia artificial, nuevas relaciones laborales, permisología, seguridad, agua, fundiciones, relaves y una relación más profunda entre las empresas y los territorios.
Su diagnóstico, sin embargo, conduce hacia una tensión que permanece abierta. Chile ha consolidado una minería de escala mundial y las regiones mineras generan una parte significativa de esa riqueza, pero ciudades como Calama todavía exhiben brechas en salud, educación, vivienda, infraestructura y calidad de vida.
Su mirada desplaza así la discusión desde cuánto produce la minería hacia cuánto de esa riqueza logra convertirse efectivamente en desarrollo para los territorios que sostienen la actividad.
Al hacer un balance de los últimos años, ¿en qué aspectos considera que la minería chilena ha logrado sus avances más relevantes y qué transformaciones destacaría especialmente en materia de sostenibilidad, medio ambiente y relación con los territorios?
El balance de los últimos 30 años de la minería chilena es positivo. Codelco producía alrededor de 1.200.000 toneladas y, con la apertura de la gran minería al sector privado, se generó una oportunidad para aumentar la producción nacional. Actualmente Chile produce cinco millones y fracción de toneladas de cobre. Lo lamentable es que, durante ese mismo período, Codelco ha reducido su participación en la producción nacional.
También se han producido avances tecnológicos importantes en la operación de equipos, concentración y acarreo de mineral, además de una incorporación creciente de sistemas electrónicos. En materia medioambiental existe hoy una conciencia mucho mayor sobre la forma en que debe desarrollarse la actividad minera. En el ámbito laboral también se ha avanzado en la valoración del recurso humano y de la participación de los trabajadores.
Respecto de los territorios, se ha fortalecido el acercamiento con las comunidades y su participación en los proyectos. Sin embargo, todavía existen problemas de representatividad que pueden retrasar u obstaculizar iniciativas. Se requiere mayor claridad respecto de quiénes representan a las comunidades, incluidos pueblos originarios y sectores agrícolas vinculados con las zonas donde se desarrollan los proyectos.
Más allá de esos avances, ¿cuál considera que es hoy el principal desafío pendiente para que la minería chilena pueda seguir desarrollándose de manera sostenible, competitiva y con legitimidad en los territorios?
Son varios. Uno de los principales es compatibilizar los avances tecnológicos y la inteligencia artificial con la estabilidad de los trabajadores. Además, en Chile conviven empresas de gran minería con compañías medianas y pequeñas que tienen niveles tecnológicos muy distintos. La incorporación de estas herramientas debe considerar esas diferentes realidades.
La minería también tiene que aprovechar los avances en electromovilidad, telecomunicaciones y fibra óptica para desarrollar nuevas capacidades y no limitarse solamente a la explotación de recursos. Esto adquiere especial importancia frente a la creciente demanda mundial por tierras raras y otros minerales críticos.
También debemos avanzar en el procesamiento de sulfuros y óxidos y desarrollar alternativas tecnológicas a los procesos tradicionales de fundición. A medida que algunas operaciones a cielo abierto pasen hacia minería subterránea aparecerán nuevos desafíos de seguridad. El Teniente es un ejemplo: continuar explotándolo a mayor profundidad requerirá probablemente sistemas robóticos y operaciones a distancia.
En materia laboral también existen desafíos. Los sistemas de turnos han cambiado y la organización del trabajo deberá adaptarse. A eso se suma la necesidad de recuperar la transmisión de conocimiento desde los trabajadores experimentados hacia las nuevas generaciones y fortalecer el sentido de pertenencia.
Chile tiene materias primas y trabajadores especializados, pero debe ser capaz de conservar y desarrollar ese capital humano para competir con países como Perú, Argentina, Canadá y Australia.
¿La llamada permisología también constituye un desafío?
Sí. Existen demasiados obstáculos y los proyectos mineros pueden tardar hasta diez años en conseguir todas las autorizaciones necesarias. Lo mismo ocurre con infraestructura indispensable para la minería, como los puertos destinados a exportar minerales.
Es necesario agilizar esos procesos, pero sin reducir los estándares ambientales. Las empresas también tienen que comprometerse con el cumplimiento efectivo de las normas medioambientales.
En materia ambiental, ¿dónde considera que la industria debe avanzar con mayor urgencia y en qué ámbitos todavía existe una brecha importante entre los compromisos asumidos y los resultados concretos?
Uno de los principales desafíos es el agua. La minería tiene que reducir el consumo de aguas continentales, utilizar el recurso de manera más eficiente y continuar avanzando en desalación de agua de mar.
También se debe disminuir la contaminación proveniente de las fundiciones, controlar las emisiones y el polvo, además de fortalecer la protección de los glaciares y evaluar adecuadamente los efectos que las faenas en altura pueden generar sobre ellos. Existe mayor regulación que antes, pero todavía necesitamos mejores sistemas de protección y control.
Otro desafío es el tratamiento de los desechos mineros y acelerar la recuperación y reprocesamiento de los relaves acumulados. Resolver estas materias permitiría enfrentar mejor los desafíos ambientales de la industria y entregar mayores certezas para la inversión.
La relación entre minería, comunidades y territorios sigue siendo determinante para el desarrollo de nuevos proyectos. ¿Qué debe cambiar o profundizarse para construir relaciones de mayor confianza, participación y generación de valor compartido?
Lo más relevante es establecer una participación tripartita entre empresas, comunidades y organizaciones sindicales, buscando compatibilizar el desarrollo de los territorios con el crecimiento de las empresas.
Tiene que existir claridad respecto de cada proyecto y sus posibles impactos sobre el agua, el medioambiente y las actividades agrícolas. La confianza solo puede construirse con transparencia y poniendo toda la información a disposición de las mesas de trabajo.
También debemos ir más allá de iniciativas comunitarias puntuales. Lo realmente importante es cómo se distribuyen los beneficios económicos, especialmente los recursos provenientes del royalty. Esos fondos tienen que contribuir efectivamente al desarrollo regional a través de mejores escuelas, hospitales, carreteras e infraestructura. Los recursos que recibe el Estado deben ser bien utilizados y el desarrollo de las regiones también tiene que guardar relación con las utilidades y ganancias que genera la minería.
Mirando hacia la próxima década, ¿qué tendría que ocurrir para que las regiones y comunidades perciban con mayor claridad que el desarrollo de la minería también se traduce en oportunidades, capacidades y mejor calidad de vida en sus territorios?
Las regiones mineras deberían tener mayores ingresos per cápita, pero esos beneficios también deben sentirse en la vida cotidiana de las personas. Calama, por ejemplo, no refleja el nivel de desarrollo minero de la Región de Antofagasta.
Para saber si realmente existe desarrollo regional hay que observar si se generan empleos, si crecen las pymes y los servicios vinculados con la actividad minera. En muchas zonas mineras aumentan los arriendos, el valor de las viviendas y el costo de la vida, pero eso no siempre se traduce en mejores servicios de salud y educación, infraestructura habitacional, estabilidad laboral o calidad de vida. Calama todavía enfrenta deficiencias importantes en esas áreas.
¿Eso lo tiene que proporcionar el Estado?
El Estado es responsable de generar esas condiciones y, al mismo tiempo, recibe importantes recursos provenientes del sector minero, incluido el royalty.
En Antofagasta algunas empresas han contribuido a mejorar viviendas, pero también se han creado sectores muy diferenciados, casi como guetos. Eso tiene que cambiar para que los grupos más postergados perciban los beneficios de la minería en sus territorios.
Muchas personas sienten que, aunque Codelco pertenece a todos los chilenos, nunca recibirán beneficios comparables a los que reciben algunos trabajadores del cobre. La riqueza debe distribuirse de manera más equitativa. Empresas, trabajadores, comunidades y Estado tienen que ser parte de esa discusión.
De producir más a desarrollar mejor
La próxima década pondrá a prueba una dimensión distinta del liderazgo minero de Chile. El desafío ya no será únicamente aumentar producción, incorporar nuevas tecnologías o responder a la creciente demanda por minerales críticos, sino demostrar que ese desarrollo puede generar capacidades económicas y sociales permanentes en las regiones donde se concentra la actividad.
Calama sintetiza esa discusión. Si una de las ciudades mineras más relevantes del país continúa exhibiendo brechas en vivienda, salud, educación, infraestructura y calidad de vida, seguirá existiendo una distancia difícil de explicar entre la riqueza producida y el territorio que la hace posible. Cerrar esa brecha puede convertirse en una de las principales pruebas de legitimidad para la minería chilena de los próximos años.