La Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA) planteó su preocupación por el impacto de las recientes regulaciones ambientales, entre ellas el artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.600 y el Anteproyecto de la Norma Secundaria de Calidad del Aire para Material Particulado Sedimentable (MPS) en la Cuenca del Río Huasco.
Juan José Ronsecco, presidente de CORPROA, señaló que la entidad reconoce y valora la protección del patrimonio natural y la calidad del aire, considerados elementos esenciales para el bienestar de la comunidad y la sostenibilidad territorial. Sin embargo, advirtió que los alcances de estas normas representan un desafío significativo para la industria regional, en particular para el sector minero.
Nuevas regulaciones y sus implicancias en Atacama
Según CORPROA, las exigencias adicionales en los procesos de evaluación ambiental y los mayores costos operacionales requerirán adaptaciones e inversiones no previstas por parte de las empresas. Para los proyectos existentes, esto implica adecuar de manera urgente sus operaciones y tecnologías a los nuevos estándares, mientras que los proyectos futuros enfrentarán procesos de aprobación más complejos y mayor incertidumbre.
La Ley N° 21.600 impacta directamente a la Región de Atacama y la Macrozona Norte, ya que los proyectos ubicados en sitios prioritarios para la conservación deberán someterse a evaluaciones de impacto ambiental más exhaustivas que las actuales. Además, la ley establece que la declaración de sitios prioritarios puede obligar el ingreso al SEIA, incluso cuando la envergadura del proyecto no lo requería antes.
Por su parte, la Norma Secundaria de Calidad del Aire para MPS en la Cuenca del Río Huasco fija límites más estrictos en un área considerablemente mayor a la actual, con impacto directo en la actividad productiva de la provincia.
CORPROA llama al diálogo y a un marco regulatorio equilibrado
Para CORPROA, “estas medidas, tal y como las conocemos, agudizan la problemática de la región y particularmente de la Provincia de Huasco”, lo que constituye un retroceso en los avances logrados para estimular la inversión responsable.
La corporación sostuvo que el desarrollo económico y la protección ambiental no son objetivos excluyentes y recordó que el impacto de estas iniciativas ya fue comunicado a autoridades nacionales, regionales y a la ciudadanía. Sin embargo, indicó que las decisiones se han tomado sin considerar las voces de la región, lo que limita la posibilidad de explorar alternativas conjuntas para un desarrollo sostenible.
Por ello, CORPROA instó a las autoridades a trabajar con el sector privado para lograr equilibrios que no comprometan la competitividad ni la inversión en la región. “Nuestro marco regulatorio no debe ser una competencia por quién tiene la razón, sino una suma de voluntades por lograr un desarrollo sostenible”, subrayó Ronsecco.
Finalmente, la entidad afirmó que la colaboración y la innovación son claves para alcanzar los objetivos comunes, construyendo una Región de Atacama que sea próspera, sostenible, competitiva y ambientalmente responsable.