Por José Miguel Ansoleaga V. Director Ejecutivo RĒPLICA
Durante mucho tiempo, los relaves han sido tratados principalmente como un desafío técnico de la minería. Un problema de ingeniería, diseño, operación, seguridad, monitoreo, permisos y cumplimiento ambiental.
Todo eso sigue siendo cierto. Pero ya no es suficiente.
En la minería chilena, los relaves se han convertido en algo más profundo: una prueba crítica de legitimidad territorial. No solo por el riesgo técnico que representan, sino por lo que simbolizan en la relación entre operación minera, territorio, comunidades, institucionalidad y futuro.
Un relave no es solo una infraestructura. Es una memoria material del modelo minero. Permanece en el territorio, ocupa espacio, concentra riesgo, genera percepción de amenaza y proyecta sus efectos mucho más allá del ciclo productivo que lo originó.
Por eso, reducir la discusión sobre relaves a estabilidad física, cumplimiento normativo o tecnología de monitoreo es mirar solo una parte del problema.
El desafío real es estratégico. En muchos territorios mineros, los relaves condensan varias tensiones estructurales al mismo tiempo: actividad productiva versus seguridad territorial; continuidad operacional versus percepción de riesgo; desarrollo económico versus ocupación de espacios habitados o productivos; cumplimiento técnico versus confianza comunitaria; y, cada vez con más fuerza, infraestructura histórica versus eventos climáticos extremos.
En ese contexto, la pregunta relevante no es únicamente si un relave cumple la norma. La pregunta más exigente es si el territorio confía en la forma en que ese riesgo está siendo gobernado.
Esa diferencia importa. Una compañía puede contar con estudios técnicos, monitoreo, estándares operacionales y planes de emergencia, y aun así enfrentar desconfianza profunda si la comunidad percibe que no entiende el riesgo, que no participa de las decisiones relevantes o que la información llega tarde, incompleta o en lenguaje inaccesible.
El riesgo técnico puede estar controlado y, sin embargo, el riesgo social seguir abierto.
Ahí aparece una de las brechas más complejas de la sostenibilidad minera: la distancia entre control experto y percepción territorial.
La industria tiende a confiar en la ingeniería, en la norma y en la evidencia técnica. El territorio, en cambio, muchas veces evalúa desde la experiencia histórica, la memoria de impactos acumulados, la relación previa con la empresa, la confianza en las autoridades y la sensación de vulnerabilidad frente a un evento que, aunque improbable, puede ser catastrófico.
Ninguna de esas miradas puede ser descartada. El problema es que, si no se integran, el relave deja de ser solo una instalación minera y se transforma en un foco permanente de incertidumbre territorial.
El cambio climático profundiza esta tensión. Eventos extremos, lluvias intensas, aluviones, sequías prolongadas, estrés hídrico y cambios en patrones ambientales están modificando las condiciones bajo las cuales fueron diseñadas muchas infraestructuras críticas. Lo que antes podía entenderse como un riesgo controlable bajo ciertos supuestos históricos, hoy debe ser revaluado en escenarios mucho más dinámicos e inciertos.
Esto obliga a cambiar la conversación. La gestión de relaves no puede seguir siendo únicamente una materia de cumplimiento técnico. Debe formar parte de una estrategia de adaptación, gobernanza, transparencia y legitimidad de largo plazo.
Y eso exige, al menos, tres cambios.
El primero es reconocer que los relaves son también una variable territorial. No basta con analizarlos dentro del perímetro operacional. Su impacto real o percibido se proyecta sobre comunidades, ecosistemas, ciudades, actividades económicas, rutas, memoria local y expectativas de desarrollo. Por lo tanto, su gestión debe considerar no solo el diseño técnico, sino también la manera en que el territorio comprende, monitorea y participa de esa gestión.
El segundo cambio es pasar de la información al entendimiento. Comunicar datos técnicos no equivale a construir confianza. La transparencia requiere entregar información oportuna, comprensible, trazable y socialmente útil. Una comunidad no necesita solo saber que existe monitoreo. Necesita entender qué se monitorea, quién lo verifica, qué significan las alertas, qué ocurre ante desviaciones y qué capacidad real tiene el sistema para prevenir, responder y corregir.
El tercer cambio es incorporar gobernanza. Los relaves no pueden gestionarse solo desde la relación bilateral entre empresa y autoridad. En territorios expuestos, la legitimidad requiere instancias permanentes, reglas claras, participación significativa, acceso a información y mecanismos de seguimiento que permitan sostener la confianza más allá de una emergencia o de una campaña comunicacional.
Desde RĒPLICA hemos insistido en que la sostenibilidad minera no se diseña para reportar mejor, sino para decidir mejor. En el caso de los relaves, esto significa conectar desempeño ESG, riesgo territorial, continuidad operacional, inversión futura y legitimidad social en una misma arquitectura estratégica.
Esa es la lógica del enfoque i4+®: no mirar lo ambiental, lo social, lo económico y lo financiero como dimensiones separadas, sino como partes de un mismo sistema de decisión. Un relave bien gestionado no solo reduce riesgo ambiental. Protege continuidad operacional, disminuye exposición regulatoria y judicial, fortalece confianza territorial, evita costos futuros y resguarda valor económico de largo plazo.
Dicho de otra forma: gestionar bien los relaves no es solo prevenir una crisis. Es proteger el modelo de negocio.
Esto también abre una pregunta incómoda para la industria: ¿cuánto valor se destruye cuando un territorio deja de confiar en la gestión de sus riesgos críticos?
La respuesta rara vez aparece completa en los estados financieros. Pero se expresa en retrasos, judicialización, conflictividad, mayores costos de permisos, pérdida de legitimidad, oposición a nuevos proyectos y deterioro de relaciones institucionales. Todo eso tiene impacto económico, aunque no siempre se mida como tal.
Por eso, la discusión sobre relaves debe salir del espacio exclusivamente técnico y entrar al centro de la estrategia minera.
La minería chilena necesita demostrar que puede gestionar sus pasivos, sus riesgos y sus infraestructuras críticas con una mirada de futuro. No solo con ingeniería robusta, sino con gobernanza robusta. No solo con monitoreo, sino con confianza. No solo con cumplimiento, sino con legitimidad.
En los próximos años, la competitividad minera no dependerá únicamente de producir más, reducir costos o acelerar proyectos. Dependerá también de la capacidad de sostener operaciones en los territorios que exigirán más evidencia, más participación y más garantías frente a riesgos de largo plazo.
Los relaves serán una de las pruebas más exigentes de esa capacidad.
Porque un relave no termina cuando termina la operación. Permanece.
Y precisamente por eso, la forma en que la minería gobierne sus relaves dirá mucho sobre la forma en que entiende su responsabilidad con el territorio, su continuidad operacional y su propia legitimidad futura.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor (a) y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de territoriominero.cl