La directora ejecutiva de Pacto Global Chile plantea que el futuro de la minería dependerá de construir relaciones permanentes con las comunidades, reducir brechas territoriales y transformar sostenibilidad, inversión y recursos en capacidades, oportunidades y bienestar regional
La minería chilena enfrenta una etapa en que los avances productivos y ambientales comienzan a ser evaluados también por su capacidad para generar beneficios reconocibles en los territorios. Gestión hídrica, energías renovables, economía circular y participación comunitaria forman parte de una transformación que, para Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile, debe profundizarse si la industria quiere sostener su desarrollo durante las próximas décadas.
El proceso, sin embargo, mantiene diferencias importantes dentro del propio sector. Mientras la gran minería ha avanzado en descarbonización, uso de agua de mar y adopción de nuevos estándares ambientales, la pequeña y mediana minería enfrenta mayores restricciones financieras y tecnológicas. A ello se suman desafíos relacionados con proveedores locales, participación femenina, gestión de residuos y acceso de las comunidades a las oportunidades generadas por la actividad.
En conversación con Territorio Minero, en el marco del especial Mes de la Minería, Ducci plantea que la relación entre las empresas y los territorios debe evolucionar desde modelos centrados en la consulta hacia vínculos permanentes de colaboración.
Una transformación que, sostiene, supone incorporar tempranamente a las comunidades, fortalecer capacidades regionales y conseguir que los beneficios de la minería puedan percibirse en la vida cotidiana de quienes habitan las zonas donde opera la industria.
Al hacer un balance de los últimos años, ¿en qué aspectos considera que la minería chilena ha logrado sus avances más relevantes y qué transformaciones destacaría especialmente en materia de sostenibilidad, medio ambiente y relación con los territorios?
Desde Pacto Global Chile hemos visto cómo la minería nacional avanza a paso firme hacia la sostenibilidad, convirtiéndose en un referente de la integración ASG. Los progresos más potentes en el rubro, están en la gestión del agua y la energía donde los datos lo avalan.
Según Cochilco, el uso de agua de mar superará el 70% del abastecimiento hídrico al 2034, liberando la presión sobre las cuencas continentales. Además, las principales compañías operan ya con entre un 70% y un 100% de energía renovable, liderando la descarbonización de Chile.
En el plano ambiental y territorial, el gran salto ha sido adoptar la economía circular y la gobernanza participativa. Gracias a la Ley REP y la Hoja de Ruta de Economía Circular, el reciclaje de neumáticos mineros y la valorización de relaves son hoy una realidad.
A esto se suma el paso de un modelo de responsabilidad social, a uno de valor compartido. La aplicación de estándares como HMS de Sonami o el ICMM asegura consultas previas, monitoreos ambientales junto a las comunidades y desarrollo de proveedores locales.
Sin embargo, estas excelentes señales de la gran minería contrastan con la realidad de la pequeña y mediana minería. Este segmento que aporta el 10% del cobre nacional, pero genera más del 30% del empleo minero regional, enfrenta duras brechas financieras y tecnológica como la adopción de energías limpias o la gestión avanzada de relaves que aún no llega al 15% de sus faenas. Acompañarlas en esta transición es nuestro gran desafío.
Más allá de esos avances, ¿cuál considera que es hoy el principal desafío pendiente para que la minería chilena pueda seguir desarrollándose de manera sostenible, competitiva y con legitimidad en los territorios?
Para lograr que la minería sea sostenible, competitiva y legítima, el principal desafío está en llevar la sostenibilidad al corazón de los territorios y acelerar la equidad de género en los espacios donde se toman las decisiones. En Pacto Global sabemos con certeza que la competitividad futura no se medirá sólo por los costos de producción, aún en tiempos de precios históricos del cobre, sino por nuestra capacidad de generar confianza y desarrollo regional de largo plazo.
Es verdad que celebramos un hito histórico donde la participación femenina en la gran minería superó el 24% durante el primer semestre 2026 según CCM-Eleva. Sin embargo, la brecha sigue siendo grande en directorios y cargos ejecutivos. Por ello, alcanzar una inclusión real no es sólo un deber ético, es una necesidad estratégica para fortalecer la gobernanza de las empresas.
A su vez, debemos transformar la relación con las comunidades. Ya no basta con mitigar o compensar impactos ambientales. La industria tiene que ser un motor directo de diversificación económica local. Esto significa apoyar a los proveedores de cada región para que se tecnifiquen, innoven y reduzcan su huella de carbono.
En Pacto Global sabemos que construir una verdadera licencia social exige pasar de la consulta a una alianza permanente. La transición justa implica que las personas y comunidades no sean meras espectadoras de la extracción minera, sino socias estratégicas que participen activamente del desarrollo integral y el bienestar de sus propios territorios.
En materia ambiental, ¿dónde considera que la industria debe avanzar con mayor urgencia y en qué ámbitos todavía existe una brecha importante entre los compromisos asumidos y los resultados concretos?
Desde la mirada de Pacto Global Chile, la urgencia ambiental más crítica para la industria minera radica hoy en descarbonizar su cadena de valor, incluyendo las emisiones de Alcance 3 y en acelerar el cierre de brechas en la pequeña y mediana minería. A medida que las grandes compañías limpian su matriz eléctrica, el verdadero desafío se traslada a sus proveedores.
Hoy, más de la mitad de la huella de carbono del sector proviene de insumos, transporte y servicios de terceros; por ello, acompañar a las PyMEs locales en su transición climática, es una tarea ineludible. Alcanzar la carbono neutralidad al 2040 exige estándares compartidos, donde la trazabilidad y el apoyo técnico deben desplegarse con fuerza.
A esto se suma la brecha que aún existe entre los compromisos de economía circular y su ejecución masiva en el territorio, sobre todo en la gestión integral de residuos y relaves. Sin embargo, la mayor asimetría la vemos entre la gran minería y el segmento pequeño y mediano, que enfrenta severas limitaciones financieras y tecnológicas para acceder a agua desalada, recirculación o acceso a energías limpias.
Desde Pacto Global, estamos trabajando convencidos de que cerrar esta brecha es indispensable para asegurar una transición justa y sostenible que beneficie a todos los territorios mineros del país por igual.
La relación entre minería, comunidades y territorios sigue siendo determinante para el desarrollo de nuevos proyectos. ¿Qué debe cambiar o profundizarse para construir relaciones de mayor confianza, participación y generación de valor compartido?
El diálogo sincero es, sin duda, la herramienta más potente que tenemos. No se ha inventado nada mejor para construir confianza y avanzar de verdad. Desde Pacto Global Chile, estamos convencidos de que debemos dejar atrás la vieja lógica transaccional o asistencialista para abrazar una gobernanza participativa y multinivel.
El gran cambio está en el tiempo, porque el diálogo no puede nacer recién cuando un proyecto entra al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Debe ser un proceso continuo de co-diseño territorial desde las primeras etapas de exploración. Democratizar la información sobre el agua, el aire y los relaves no es una opción, es una urgencia. Cuando sumamos a los líderes comunitarios a medir juntos los indicadores ambientales, la transparencia florece y la desconfianza histórica empieza a sanar.
El valor compartido cobra sentido cuando capacitamos a los proveedores locales para integrarse a la minería verde, impulsando la innovación en la propia región y evitando los enclaves económicos. Así, los beneficios se traducen en infraestructura social resiliente, agua compartida, educación técnica y salud de calidad.
Construir legitimidad territorial no busca eliminar el conflicto, que es natural e inevitable, sino crear espacios permanentes donde la voz de las comunidades sea escuchada y vinculante en la planificación del futuro de todos.
Mirando hacia la próxima década, ¿qué tendría que ocurrir para que las regiones y comunidades perciban con mayor claridad que el desarrollo de la minería también se traduce en oportunidades, capacidades y mejor calidad de vida en sus territorios?
Los beneficios de la minería no pueden quedarse en las cifras macroeconómicas del país ni en un gráfico de balance, tienen que sentirse en la vida diaria de la gente. El verdadero hito ocurrirá cuando la riqueza de nuestra minería se traduzca en transformaciones tangibles, llenas de oportunidades, para las familias.
Necesitamos unir fuerzas, recursos públicos y privados, fondos del royalty minero, y obras por impuestos, para saldar deudas históricas. En abril de 2026, 309 comunas del país recibieron recursos del royalty. El Estado determina cuánto recibe cada territorio, pero existe bastante autonomía territorial para decidir en qué gastarlo.
Por eso es importante la priorización: construir desaladoras compartidas entre empresas, incluyendo comunidades sin servicio; asegurar el acceso al agua, aporte a hospitales de calidad y a buenos caminos.
Más allá de eso, debemos abrir puertas a nuestros jóvenes. Diseñar centros de formación en minería verde y economía circular en los mismos territorios, para que las nuevas generaciones accedan a empleos operativos, que lideren y dirijan esta industria desde sus propias raíces.
La gente merece ver con absoluta transparencia hacia dónde van los recursos del royalty y participar en el co-diseño de su propio futuro. Sólo así, cuando una faena deje capacidades locales sólidas, proveedores fuertes y mejor calidad de vida intergeneracional, habremos ganado el activo más valioso de todos: una legitimidad social profunda, justa y con alma.
En Pacto Global Chile, acompañamos en este camino. A través de nuestras empresas adheridas, somos un puente activo que une y articula voluntades para transformar la minería en el motor de desarrollo humano más poderoso de nuestra historia presente y futura.
Una relación que deberá medirse en los territorios
El desafío que atraviesa la conversación con Ducci apunta finalmente a cómo se distribuyen y permanecen los beneficios de la actividad minera. El desarrollo de proveedores regionales, la formación de capital humano, la infraestructura, el acceso al agua y la participación en las decisiones adquieren relevancia en una etapa donde producir más no será suficiente para sostener legitimidad.
La próxima década pondrá a prueba esa capacidad. Una minería ambientalmente más avanzada tendrá también que demostrar que puede construir vínculos duraderos con las comunidades y dejar capacidades que trasciendan la operación de una faena. La licencia social dependerá cada vez más de aquello que los territorios puedan reconocer como parte concreta de su propio desarrollo.