Por: Ramón Rada Jaman. Exsecretario ejecutivo del Tratado Minero Chile-Argentina
En el país de nunca jamás, donde Peter Pan lidera a los niños perdidos, pareciera reflejarse el Chile que vimos en la última cadena nacional: un país de palabras que se lleva el viento y promesas que se repiten sin materializarse. Un relato que flota en el voluntarismo, como si la poesía fuera suficiente para resolver los problemas de una economía real que muestra señales preocupantes.
El IMACEC de agosto apenas alcanzó un 0,5 %, arrastrado por una contracción de 8,6 % en la minería, mientras desde La Moneda se celebra un IPC de 0 % como si fuera un logro estructural y no un respiro pasajero. La deuda pública ya sobrepasa el 43 % del PIB, y las alertas del Consejo Fiscal Autónomo siguen sin eco en la conducción económica.
La permisología desbocada aún obstaculiza proyectos, pese a los anuncios de reforma, sumado al reglamento de la Ley 21.600 de Conservación y Reserva, que amenaza la existencia de la pequeña minería. Así, el gatopardismo sigue presente: se dice una cosa y se hace otra; se compromete cambio para que todo siga igual.
Pero no todo está perdido. La Corporación de Bienes de Capital proyecta un repunte de la inversión minera por más de US$8.300 millones en 2025, impulsado por expectativas de un nuevo ciclo político y un precio del cobre que podría superar los US$5 la libra en 2026. La minería privada vuelve a ser la gran esperanza de los ingresos fiscales, recordando su rol histórico en la estabilidad del país.
La experiencia argentina entrega una lección: con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Argentina movilizó una cartera minera superior a US$30.000 millones, gracias a un marco de invariabilidad tributaria de 30 años y beneficios arancelarios que entregan certeza y confianza.
En paralelo, el Tratado Minero Chile–Argentina abre una oportunidad única para definir áreas conjuntas de operación, aprovechar sinergias logísticas y potenciar la salida al Pacífico, que otorga ventajas competitivas al reducir las distancias logísticas a solo 200 km desde la frontera al mar chileno, frente a los 1.200 km hacia el Atlántico.
Chile no necesita inventar nada nuevo: ya contó con instrumentos eficaces como el DL600, que dio seguridad jurídica y atrajo inversión decisiva. La tarea actual es establecer un marco estable, predecible y competitivo para que la minería siga siendo el motor del desarrollo nacional.
En este contexto, y frente a una interpretación antojadiza de los datos económicos, es evidente que se requiere un INE independiente y autónomo. El tiempo de los relatos terminó: ahora se necesita voluntad política para construir reglas claras que devuelvan confianza al sector privado, emprendedores e inversionistas.
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